A pesar de que hay disposiciones penales que se activan si el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) sigue operando en la insolvencia, la Administración García Padilla se resiste a iniciar el proceso de nombramiento de síndico que la ley dicta para cuando la principal institución bancaria del gobierno se encuentra en estado de insolvencia.

Por un lado, el miércoles el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, no confirmó ni negó la posibilidad de que en las próximas semanas se implemente un síndico para supervisar la deuda del BGF, aunque aseguró que el Ejecutivo se mantiene atento y monitoreando el organismo gubernamental diariamente.

‘Estamos monitoreando constantemente la liquidez del BGF. Por disposiciones de ley y dependiendo de la condición, se habría que activar algún mecanismo, si en algún momento eso se cumpliera, entonces utilizaremos todos los mecanismos que nos da la ley’, indicó el funcionario, aunque se negó a indicar categóricamente si se implementará dicha opción.

‘Sabemos que hay una situación delicada pero hasta el momento no se ha necesitado activar algún mecanismo como ese (sindicatura), pero tan pronto sea necesario así se hará’, añadió.

Por su parte, la presidenta del Banco, Melba Acosta Febo, indicó en comunicado de prensa que,’estamos conscientes que existe mucho interés de los medios sobre la liquidez del Banco debido a la crítica situación fiscal del gobierno’.

‘Como se ha expresado públicamente, debido a los problemas de liquidez del BGF, al igual que el resto del Gobierno de Puerto Rico, y de cara a los vencimientos de nuestra deuda que ocurrirán en los próximos meses, continuamos evaluando un sinnúmero de opciones. Por ejemplo, nos encontramos en conversaciones con un grupo considerable de nuestros acreedores sobre la reestructuración de la deuda del BGF. También seguimos explorando otras medidas para mejorar la liquidez del BGF. Como parte de nuestros esfuerzos, y ante la incertidumbre de lograr un acuerdo previo a los próximos vencimientos, y según le hemos informado al mercado en documentos hechos públicos, también estamos considerando todas las alternativas legales disponibles, así como su posible impacto en nuestros empleados, nuestros clientes, los acreedores y el País’, añadió.

Las reacciones se produjeron después de que comenzara a tener repercusión en Estados Unidos la primicia de NotiCel del martes sobre que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) había declarado al BGF insolvente en un informe de 2015 que permanece confidencial y que fue parcialmente divulgado por el juez federal José A. Fusté en su sentencia del caso por el caso incoado por Walmart contra el Departamento de Hacienda.

La ley orgánica del BGF, en su artículo 11 sobre Nombramiento de un Síndico, establece que el Tribunal de Primera Instancia podrá designar ‘un síndico para suspender las operaciones y liquidar las obligaciones del Banco’ en caso de que el Departamento de Hacienda notifique al Gobernador de una posible insolvencia si no cumple con la reserva requerida o no cuenta con la liquidez necesaria para operar. El Gobernador entonces acudiría al Tribunal para gestionar el nombramiento.

El organismo gubernamental atraviesa por una situación económica cada vez más precaria, que lo llevó en noviembre de 2015 a una liquidez de apenas $875 millones, lo cual le impide efectuar los pagos necesarios para saldar sus próximas obligaciones y cumplir con la reserva que debe mantener del 20% de dinero. Incluso, se vislumbra que para mayo, se quede con solo $34 millones, en comparación con los $3,000 millones con los que contaba a mediados del 2014. En mayo debe hacer un pago de $422 millones al servicio de la deuda.

*Nota del editor: enmendada para eliminar referencia a pena criminal por recibir depósitos en el Banco cuando se encuentra insolvente y que que fuederogada por la Ley 97-2015.