La agencia de publicidad y productora de eventos Buena Vibra Group se distanció de la controversia pendiente ante el Tribunal federal entre el Comite Fiestas de la Calle San Sebastián y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, tras defender que en la demanda enmendada no figuran como demandados ni su nombre aparece en el epígrafe ni en la sección de las partes.

‘Tampoco se hacen alegaciones en contra de Buena Vibra Group en las respectivas causas de acción. Es decir, ni la Demanda Enmendada ni el proyecto de Segunda Demanda Enmendada solicitan remedio alguno en contra Buena Vibra Group. Aclaramos que Buena Vibra Group, al igual que otras terceras personas y entidades, participó durante el proceso de descubrimiento de prueba de dicho pleito y suplió cierta información y/o documentación, según solicitada por las partes. Buena Vibra proveyó al Municipio de San Juan la documentación requerida bajo los contratos para los años 2013 y 2014’, indicó la agencia en comunicado de prensa.

El Comité alegó que la evidencia demuestra que el Municipio permitió que Buena Vibra Group y que San Juan Family Entertainment firmaran contratos con el ayuntamiento sin haber entregado certificaciones requeridas por ley ya que sus dueños han hecho donativos políticos a la incumbente.

‘Buena Vibra Group establece que no tiene afiliación con ningún partido político ni ha realizado donación alguna a las campañas políticas de la Hon. Cruz, mucho menos al Partido Popular Democrático. De ninguna manera Buena Vibra Group ha sido una empresa favorecida por la Hon. Cruz o el Municipio de San Juan, contrario a las expresiones del Comité de la Calle San Sebastián, Inc., según reseñado en los medios de comunicación’, recalcó la productora.

Buena Vibra Group aclaró que el Municipio contrató sus servicios para la rotulación, montaje de kioscos y distribución de productos para las tradicionales festividades y que obtuvo las certificaciones, licencias y permisos aplicables y necesarios para cumplir con sus obligaciones.

El Comité demandó a Cruz Soto tanto en su carácter personal como oficial, al municipio de San Juan y a una compañía de seguros tras alegar que la Mandataria viola sus derechos constitucionales al ejercicio libre de su religión y al ejercicio de la libre expresión al supuestamente impedirle contratar espectáculos de música típica puertorriqueña.

A lo largo del trayecto judicial, el Comité alega ser el propietario de la marca ‘Fiestas de la Calle San Sebastián’ y reclama que el ayuntamiento no puede utilizarla sin su autorización. Sin embargo, en la demanda enmendada renuncian al reclamo sobre las marcas ‘Fiestas de la Calle’ y ‘Sanse’.