La Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico (ACGPR) y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), elevaron su voz de alerta el miercoles ante el posible colapso de la infraestructura de la Isla debido a los más de $120 millones que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) adeuda a contratistas, subcontratistas, suplidores, ingenieros y agrimensores.

Tras meses de espera, las asociaciones y colegios profesionales se unieron para pedir la atención inmediata por parte de la corporación pública.

La deuda de más de un año a los contratistas se une, además, a la paralización de la inversión en su programa de desarrollo y cumplimiento de infraestructura, lo que a juicio del ingeniero Humberto Reynolds, presidente de la AGCPR, ‘inevitablemente causará el colapso de la infraestructura e incumplimiento con regulaciones ambientales que podrían provocar multas innecesarias’.

‘Esta situación merece una acción inmediata, pues se pone en riesgo el cumplimiento con regulaciones ambientales y la salud pública. Además el impago puede provocar más quiebras y cierres de compañías de construcción, subcontratistas, suplidores, ingenieros y agrimensores’, añadió el ingeniero Ralph A. Kreil Rivera, presidente del CIAPR.

La AAA ha explorado múltiples alternativas para cumplir con el pago de la deuda de más de un año, pero ha sido incapaz de resolver el problema.

‘Estos son servicios adquiridos, debidamente contratados, que deben ser pagados. Esta situación ha provocado la pérdida de más de 7,000 empleos directos e indirectos y se ha secuestrado el capital de trabajo de la compañías afectando así su capacidad de proveer servicios en otros sectores de infraestructura’, indicó Reynolds.

Ambos presidentes exigieron que la AAA resuelva con urgencia este problema con soluciones viables y sin depender de mecanismos financieros que no controla. ‘La Autoridad posee los mecanismos para realizar ajustes en sus ingresos que eviten la pérdida de empleos de miles de puertorriqueños, poner en riesgo la salud de los puertorriqueños, daños al ambiente y el colapso de la estabilidad económica de múltiples compañías’, coincidieron Reynolds y Kreil.