El gobernador, Alejandro García Padilla, admitió ante el Congreso federal que la deuda pública debe ser auditada, mas renunció a la facultad que le otorgaba la Ley 97 del 7 de julio de 2015 para nombrar a los integrantes de la Comisión de Auditoría Integral del Credito Público, por lo que cuatro meses despues ha quedado en la nada.

En la vista de la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado federal, García Padilla reconoció a preguntas del precandidato a la gobernación de Estados Unidos por el Partido Demócrata, y senador por Vermont, Bernard Sanders, que parte de la deuda había sido emitida de un modo inconstitucional, es decir que durante décadas el Gobierno recurrió a bonos y préstamos para esconder sus deficits presupuestarios.

– En cuanto a la transparencia, he escuchado –y no pretendo ser un experto en esto– que parte de la deuda fue emitida de un modo inconstitucional, inquirió Sanders.

– Sí, y tenemos que auditarla, contestó el Gobernador con certeza.

– Crees que es una posibilidad, que parte de la deuda haya sido emitida de forma inconstitucional?, lo abordó nuevamente el Senador.

– En esas mismas palabras (que usted ha dicho), que si es una ‘posibilidad’, la respuesta es que sí, pareció admitir con sinceridad.

Debido a que el Gobernador ignoró la disposición de la Ley, recae en los presidentes de los cuerpos legislativos nombrar a los miembros de la Comisión por mutuo acuerdo.

El único de los nombramientos que se hizo fue el de Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), para representar al sector sindical luego de que los líderes de cuatro gremios enviaron una carta a La Fortaleza en la que lo endosaban como representante ante la Comisión. Al ser abordado por este diario, Pagán confirmó que los líderes sindicales recibieron una carta en la que La Fortaleza indicó que Pagán había sido nombrado a la Comisión, tal como sugerían.

Sin embargo, Pagán no ha recibido comunicación oficial de su nombramiento, ni información acerca de otros nombramientos. ‘Parece ser que eso está congelado… No han hecho mucho. No han oficializado mi nombramiento, ni parecen tener interés en hacerlo’, comentó el líder sindical.

La Comisión tendría a su cargo evaluar el proceso en que se contrajo el endeudamiento público, incluyendo la ruta de dónde fueron a parar los fondos y cómo se implementaron los proyectos financiados con deuda emitida tanto por bancos puertorriqueños como extranjeros.

‘Cuáles son las razones para permitir el hermetismo?’, cuestionó Pagán e inmediatamente contestó: ‘no encuentro otra que ocultar procedimientos que no han sido correctos’.

Sobre el desinterés del Gobierno en cumplir con una auditoría, opinó que se debe a ‘la misma falta de transparencia que han demostrado’ en el transcurso del cuatrienio con respecto al informe KPMG sobre la reforma contributiva, la reforma energética, la reforma policíaca, y los acuerdos con los acreedores del crédito público.

Los nombramientos que le correspondían al Gobernador, pero pasaron a ser facultad de los presidentes legislativos, son: a un catedrático en economía, un catedrático en finanzas, un catedrático en estadísticas y otro en derecho constitucional, a un representante del sector sindical, un representante de sector comercial-patronal, del sector cooperativista y del sector bancario puertorriqueño.

La Comisión también estaría integrada por el Director del Instituto de Estadísticas, el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el Presidente de la Cámara de Representantes y el Presidente del Senado, además de un representante de cada cuerpo tanto por el partido de mayoría como por el partido de minoría.

Fuentes de este diario indicaron que el artículo 2 que dispone la creación de la Comisión se insertó en el proyecto de Ley a petición de tres representantes populares, quienes lo usaron como condición para otorgar su voto a favor de la medida cuyo objetivo original era indemnizar a los miembros de la Junta de Directores del BGF.

Ni el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, ni Bhatia, han cumplido la promesa que hicieron a estos representantes populares -tres de los llamados ‘disidentes’- pues aunque se aprobó la Ley se convirtió en letra muerta.

Este diario contactó a los directores de comunicación de ambos cuerpos legislativos, pero al momento de publicación no habían contestado.