La Coalición del Sector Privado adelantó el jueves que ya preparan proyectos de ley para atender aspectos laborales y de proceso de permisos que quedaron cojos en el Plan de Ajuste Fiscal presentado la semana pasada al Ejecutivo.

Según el presidente de la Asociación de Industriales, Carlos Rivera Vélez, las medidas serán divulgadas en las próximas semanas.

Al mismo tiempo, la Coalición iniciará esfuerzos para convocar a la sociedad civil y al sector sindical para diseñar un plan de desarrollo socioeconómico a largo plazo, algo que afirman no cumplió sus expectativas dentro del Plan Fiscal. Además, iniciaron acercamientos a legisladores y miembros del Ejecutivo.

En ese sentido, Rivera Vélez, puntualizó que ‘sería vergonzoso que tenga que venir gente de afuera a resolver los problemas del país’.

Sobre el documento divulgado la semana pasada por el Gobierno, los representantes de la Coalición afirmaron que no están de acuerdo con que les quiten beneficios laborales a los jóvenes de 25 años o menos, pero sí avalan que se extienda el periodo de probatoria a 1 año. Además, entienden que la Ley de Indemnización por despido sin justa causa (Ley 80) se debe eliminar o darles flexibilidad a los patronos.

En cuanto al denominado ‘flexitime’, avalado por la Coalición, el presidente de la Junta de la Cámara de Comercio, José Vázquez Barquet, observó que sería a través de un acuerdo entre el patrono y sus empleados. Del mismo modo, manifestó podría haber aceptación entre los empleados porque les permitiría cierta calidad de vida.

En ese sentido, el presidente de la Asociación Productos de Puerto Rico, Ramón Pérez Blanco, trajo a la atención que la presente administración le permitió flexibilidad en la jornada laboral a empresas como Lufthansa Technik, por medio de la aprobación de la Ley para la Promoción de la Industria de Mantenimiento, Reparación y Acondicionamiento de Naves Aéreas.

‘Esto se cae de la mata, si es bueno para ellos, es bueno para los empresarios locales’, puntualizó Pérez Blanco.

Por otra parte, Vázquez Barquet, expuso que en el Plan no se acogió la propuesta del sector privado para que se les diera cierta flexibilidad a los patronos de cómo implementar el periodo en que sus empleados toman alimentos.

Mientras tanto, Pérez Blanco, argumentó que aun si el Gobierno acogiera todas las propuestas del área laboral que impulsa el sector privado, como quiera el país tendría una política pro empleados por encima de la de estados como la Florida y Georgia.

De otro lado, el expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Kermit Lucena, criticó que desde el próximo mes el sector privado tenga que aportar $200 millones adicionales a través del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) por las transacciones entre negocios (B2B), pero el Gobierno se ponga metas ‘paupérrimas’ de cuánto esperan aumentar los recaudos de dicho impuesto a través de los cambios que está haciendo el Departamento de Hacienda.

Lucena, planteó que con mayores esfuerzos en el área de fiscalización, se podría alivianar la carga al sector privado. Enfatizó que, ‘mientras más contribuciones, el capital se esconde… Nosotros necesitamos capital para poder echar para adelante el país’.