La Orden Ejecutiva emitida el lunes por el gobernador Alejandro García Padilla, que flexibiliza el procesamiento por poseer marihuana, marcó aún más las diferencias de criterio que existen en el país sobre la postura que ha asumido el Gobierno sobre la planta.

Para algunos como la doctora Wanda Beltrán, el Primer Mandatario perdió el norte al ordenarle al secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, que no se prioricen recursos cuando se trate de casos para procesar a una persona que posea seis gramos o menos de marihuana.

‘El Gobernador como Ejecutivo viola y pierde el significado de ser un país de ley y orden en una verdadera democracia. Pierde y viola el significado de lo que es el Poder Legislativo. Y viola y pierde el significado de lo que es el consentimiento de los gobernados’, puntualizó.

Otros, como el agricultor José Ortega Silva, han intensificado el reclamo para que se libere a Jeremy Ruiz Tomassini, quien fue sentenciado a cuatro años de prisión por encender y compartir un cigarrillo de marihuana. Desde octubre de 2014 fue ingresado en la Institución Correccional Guerrero en Aguadilla.

‘No podemos permitir que a más jóvenes se les tronche la vida por un simple motivo. Esos paradigmas tienen que cambiar’, sentenció.

Por su parte, la directora de Asesoramiento Legal del Departamento de Salud, Mayra Maldonado Colón, afirmó a este diario que la Orden no altera en nada el proceso de vistas públicas que está llevando a cabo la agencia en torno al borrador del Reglamento para el uso, posesión, cultivo, manufactura, producción, fabricación, dispensación e investigación de la marihuana medicinal.

Según la funcionaria, al momento el Reglamento dispone que una persona puede poseer hasta 10 gramos de marihuana para fines medicinales, algo que todavía se evalúa si se va a modificar. Los pacientes deberán estar registrados en el Departamento de Salud, quienes le expedirán una tarjeta que les certifica a los policías que esa persona está autorizada para recibir el tratamiento y puede poseer esa cantidad de marihuana.

De hecho, pacientes como José Feliciano Torres, avalaron que el Gobierno expida un carnet que permita a la Uniformada distinguir a las personas que posean la marihuana para fines medicinales.

Entretanto, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Mark Anthony Bimbela, expresó que la Orden se queda corta ‘porque la Policía y la Fiscalía aún tienen la discreción para arrestar y procesar a alguien por poseer un cigarrillo de marihuana’.

‘Creo que toda acción para despenalizar el uso de la marihuana, y tratar la adicción a las drogas como un asunto de salud pública, es positivo. Sin embargo, la OE del Gobernador se queda corta porque aún la policía y fiscalía tienen la decisión de arrestar o procesar a alguna persona por tener tan solo un cigarrillo de marihuana’, expresó el presidente del CAAPR en un comunicado de prensa.

El Presidente del CAAPR argumentó que el marco legal existente no permite que la Orden pueda ser más proactiva. Por lo cual considera que la medida del senador Miguel Pereira debe aprobarse.

‘A los representantes que la tienen paralizada, les exhorto a que evalúen la medida con lógica y razón, no con pasión, ni mucho menos mediante elementos electorales, ajenos al mejor bienestar del País. El Gobernador debe ejercer su liderato y como presidente de la Conferencia Legislativa debe ordenar que el proyecto del Senado baje a votación y se apruebe’, sugirió el abogado.

El proyecto de ley de Pereira se aprobó en el Senado en el 2013 y se encuentra en la Cámara de Representantes para su aprobación. El Gobernador ha afirmado en varias ocasiones que de tener la medida en su escritorio la firmaría.