El Gobierno de Puerto Rico enfrenta hoy una debacle fiscal que afecta directamente y a diario a sus ciudadanos por la negligencia sostenida de funcionarios clave durante, al menos, los pasados 15 años.

Nadie ha sido referido o amonestado, investigado, ni procesado por lo que, según las leyes vigentes, podrían ser delitos.

Mientras tanto, el déficit público anual creció en un 600% desde el año fiscal 2000, según las cifras provistas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). La deuda pública ronda los $71,171 millones y su pago en el año fiscal 2016 absorberá el 16% del presupuesto consolidado, casi el doble de lo que se asigna a Educación y Salud, y seis veces lo que se asigna a la Policía.

El Informe Krueger, emitido en junio, estima que al 2015 y prospectivamente la deficiencia real entre ingresos y gastos del gobierno fluctuaría entre $3,500 millones y $8,500 millones anuales.

Aunque hay por lo menos media docena de leyes que prohíben el sobregasto, la emisión de deuda para pagar déficit, y la erogación de fondos públicos en asuntos que no sean estrictamente necesarios para las funciones de ley de las agencias, nunca han habido consecuencias para los principales responsables: los secretarios de Hacienda, los directores ejecutivos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), los presidentes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), y sobre todo, los gobernadores de Puerto Rico. Así lo reconocieron los jefes de las tres agencias.

También ha habido total impunidad para los jefes de agencias y corporaciones públicas que exceden sus gastos y que podrían ser referidos por el director ejecutivo de OGP, el secretario de Hacienda de turno y el propio gobernador para acción incluso criminal al Departamento de Justicia, como disponen las leyes orgánicas de ambas agencias y la Ley de Reforma Fiscal del 2006, indagó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El profesor Hiram Morales, ex director de la Oficina de Ética Gubernamental, explicó que los legisladores han abordado el tema de la negligencia de los funcionarios en los asuntos del manejo presupuestario y fiscal del gobierno a través de leyes especiales que imponen penas administrativas y penales, pero no desde el punto de vista de la ética, por lo que no manejó ningún caso de este tipo durante su incumbencia en la dependencia desde 1997 a 2007.

En declaraciones escritas el Departamento de Justicia indicó que la agencia solo han atendido dos casos relacionados a estas leyes, ambos por querellas contra legisladores en asuntos menores que no han resultado en acusaciones. Justicia confirmó que nunca ha procesado a un funcionario del Ejecutivo por violaciones a las leyes fiscales y presupuestarias.

El secretario César Miranda no estuvo disponible para una reacción sobre el asunto, pero su oficial de prensa, Amber Lee Vélez, envió una ponencia del funcionario en donde este establece que la negligencia fiscal es una forma de corrupción y la gran cantidad de contratos de gobierno una vía para la comisión de este delito.

Para la historia completa acceda al Centro de Periodismo Investigativo.