El Ministerio Público ha defendido a ultranza la sentencia de cadena perpetua que se otorgó a Antonino Geovanni Sánchez Burgos para finales de los noventa. El hombre, quien reitera su inocencia despues de 17 años en prisión, cayó como parte de una redada federal contra una organización de narcotraficantes a la que pertenecía.

El expediente que archivó el Estado contra Sánchez Burgos por supuestamente participar de dos asesinatos en 1995, contiene miles de páginas de declaraciones juradas de los tiempos cuando imperaba una guerra por el control de los puntos de droga entre los residenciales Las Muñecas, La Montaña,Ducósy José De Diego enAguadilla.

La portavoz de Justicia minimizó las alegaciones que este ha estado haciendo desde la cárcel, al señalar que el contenido de la declaración jurada en la que se retractó el testigo, Ángel Manuel Díaz Ortiz, es cuestionable. El hombre, quien también pertenecía a la organización criminal del Residencial Las Muñecas y ahora reside en Nueva York, alegó fraude por parte del ahora retirado fiscal Andrés Colón, cuandoel fiscal que le tomó la declaración jurada fue RufinoJiménez Cardona. ‘El testigo retractado falló en apuntar correctamente en sus alegaciones falsas’, mencionó la portavoz.

Tanto el fiscal como el agente de la Policía, Pedro Colón Ríos, dieron con el testigo estrella, Ángel ManuelDíazOrtiz, porque se encontraba colaborando con las autoridades federales en el desmantelamiento de una organización criminal bajo RICO Act, según comprobó este diario tras examinar la declaración jurada.

DíazOrtiz, quien único vinculó al preso con el asesinato deOsvaldo Jiménez Vélez, se retractóhace dos años de sus declaraciones, como quedó constatado en una declaración jurada que aceptó prestar por petición del propio preso y su abogado, José Silva Riollano.

En la declaración nueva,Díaz Ortiz aseguró haber sido arrestado en 1998 por el agente Colón Ríos e ingresado en prisión. Dijo que recibió la visita del agente, quien lo amenazó con radicar cargos criminales a él y a su hermano si no ofrecía información que relacionara a Sánchez Burgos con la muerte de Jiménez Vélez. Aseguró que le ofreció incluso dinero, aunque nunca especificó cuánto.

La evidencia, que la defensa de Sánchez Burgos alega es exculpatoria por lo cual solicitaron juicio nuevo en el Tribunal de Aguadilla, incluye los resultados contradictorios en la autopsia y el informe de balística con la versión del testigo. Sin embargo, la Regla 192.1 exige que para celebrar un juicio nuevo se presente evidencia que no se hayamostrado anteriormente ante un jurado.

La defensa también alega que jamás se notificó de una querella de la Policía donde detallaba que tres días después del asesinato se recibió una confidencia en el C.I.C. deAguadillaque en la residencia deNeftalíDelizDíazse encontraba un vehículo involucrado en el crimen, lo que aseguran constituía evidencia favorable para su cliente.

Por otro lado, la portavoz de Justicia recordó que el Tribunal Supremoestableció que la mera retractación de un testigo no es suficiente para ordenar la celebración de un nuevo juicio, ante la escasa confiabilidad y lo sospechoso que resulta retractarse de una declaración jurada, muchas veces a instancias de las partes interesadas y por testigos muy susceptibles a la intimidación, y dados a testimonios inconsistentes (Pueblo v. Chévere Heredia, 1995).

En la vista de juicio nuevo, el juez superior de Aguadilla, Iván Román, decretó un periodo de 30 días para que el Gobierno presente por escrito su oposición a las mociones, mientras tanto Sánchez Burgos continúa alegando su inocencia, y la Fiscalía reitera que el hombre, quien también vendió droga y cumplió probatoria por sustancias controladas no es ‘santo de su devoción’.

Él mismo lo aclaró a NotiCel:’No me sacaron de una Iglesia… pero nunca maté a nadie’, aseguró.

La evidencia que contiene el expediente de miles de páginas dista, sin embargo, de su versión. Otros pandilleros relataron como al que apodaban ‘Gio’ participaba en los complots para matar a sus contrincantes.

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Presenta evidencia de la fabricación de su caso tras 17 años en prisión (documentos)