El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, junto al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz, explicaron esta tarde el plan de ajuste de gastos para el próximo presupuesto en el que aparte de la consolidación de 20 agencias en la que no se le garantiza el empleo a los empleados de confianza, son varias las entidades sin fines de lucro que recibirán menos ingresos por parte del Gobierno, mientras algunos programas gubernamentales serán reestructurados.

Según Cruz el presupuesto base para el próximo año fiscal ascendía a $10,474 millones, al incluir aumento de $268 millones en los pagos de los bonos de obligación general (GOs), $459 millones por la deuda del Gobierno Central con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), $140 millones de aportaciones al Sistema de Retiro Central (entre las que están la Aportación Adicional Uniforme), $28 millones del Centro Comprensivo de Cáncer, $14 millones de pago de utilidades de la Autoridad de Edificios Públicos.

Sin embargo, para llevar el presupuesto base de $10,474 millones al nivel de los $9,800 millones de recaudos que recibirá el Gobierno con las propuestas medidas del aumento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a 11.5% y el impuesto al ‘transfer pricing’ cuya tasa fluctúa entre 2.5%-6.5% dependiendo del ingreso bruto del negocio, el Ejecutivo propone varios ajustes.

Uno de estos cambios es reducir $327 millones del pago al BGF, $131 millones la nómina y gastos de funcionamiento, quitarle $58 millones a las aportaciones de Retiro, $40 millones por la Autoridad de Transporte Integrado, $7 millones a tribunales debido a Ley 66, $8 millones al Centro Comprensivo de Cáncer, $2.5 millones de aportaciones a los partidos políticos y dietas, y $100.5 millones en otras reducciones presupuestarias.

En síntesis, esto provocaría que los proyectados gastos del Gobierno se bajaran unos $674 millones, como ya había adelantado el Ejecutivo que ocurriría durante la pasada Conferencia Legislativa efectuada en el Centro de Convenciones.

En cuanto a la reducción de $131 millones en nómina y gastos de funcionamiento, Suarez afirmo que mayormente responde a personas que están próximas a retirarse, y rechazó a este diario digital que incluya la propuesta reducción de jornada laboral.

Por otra parte, Cruz explicó en un aparte con NotiCel que aunque el Gobierno no ha cumplido con las aportaciones a Retiro y bajo este presupuesto no se compensan, la expectativa es pagarlo en la medida que los recaudos lo permitan, pero no existe una fecha específica en la que se honraran. No obstante, aseguró que tanto la partida a Retiro como el pago al BGF es más de lo que se asignó en el actual año fiscal.

De otro lado, indicó que ‘como parte de la reingeniería gubernamental… este año hemos ha separado lo que es el pago de AEP (Autoridad de Edificios Públicos), de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica), de la AAA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) y de las primas de seguros, de las agencias’.

La OGP mantendrá estos fondos en cuentas apartes para garantizar el pago a tiempo a dichas entidades gubernamentales. Dicha cuantía incluye remanentes de deudas pasadas.

A su vez, Cruz expuso que los gastos por servicios profesionales se van a reducir unos $12 millones netos al comparar con el actual año fiscal. Las agencias que se verán más impactadas con este ajuste lo son el Departamento de Educación ($9.7 millones), el Departamento de Corrección y Rehabilitación ($1 millón), el Departamento de Salud ($975 mil), la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción que será consolidada con el Departamento de Salud ($838 mil) y la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia ($517 mil).

Mientras, también se recortarán los gastos por servicios comprados unos $18 millones netos, de los que la mayor partida también recae en el Departamento de Educación, aunque también se afectan la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, entre otros.

Asimismo se van a bajar $5 millones en los gastos por arrendamiento privado.

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