El Procurador de los Pacientes, Carlos Mellado López, contrarrestó en el Tribunal Federal una determinación que le permitió a MCS Health Management Options, Inc., librarse de una multa de $1,700 millones impuesta por la agencia por violaciones cometidas a los beneficiarios Mi Salud.

Mellado López sometió la moción en el caso de MCS como uno de sus últimos actos en el cargo tras anunciar su renuncia. En entrevista con NotiCel, reiteró que su salida de la Oficina del Procurador del Paciente (OPP) se da ante su molestia con la presente Administración por las decisiones tomadas en contra de su agencia, y describió su dimisión como un ‘acto de protesta’.

A su vez, resaltó que su inconformidad no es solo con la Ley 77 de 2013 que limitó su jurisdicción a los beneficiarios de Mi Salud, sino también con el veto de bolsillo que hizo García Padilla al Proyecto del Senado 695, que a su juicio ponía a su agencia en una mejor posición para afrontar procedimientos que lleguen a los tribunales como es el caso de MCS, pues plantea que la medida le extendía los poderes y facultades del Procurador.

Ante su inminente salida el próximo 30 abril, Mellado López, exhortó al Primer Mandatario y a la Legislatura a que le devuelvan ‘las garras’ a la OPP.

Mientras tanto, indicó que tras su renuncia va a regresar a la práctica privada a trabajar con el grupo IPA de la empresa S. M. Medical Services C.S.P. Este aseveró que vuelve a dicho grupo como médico primario y no para ocupar ningún puesto directivo.

De otro lado, a finales de marzo, Mellado López, radicó una moción ante el Tribunal Federal, en la que pidió que se le permita a su agencia continuar con el proceso administrativo en contra de MCS.

Mellado López, rechazó que su agencia le hubiera negado el debido proceso de ley a MCS, y aseguró que toda la información en poder de su oficina le fue entregada a la aseguradora. El funcionario especificó a este diario que en dos discos compactos le entregaron las trascripciones que la compañía de seguros había solicitado.

De igual forma, en su moción señaló que su oficina corrigió todos los errores de procedimiento alegados por MCS, y rebatió que la multa impuesta a empresa fuera ‘arbitraria o monumental’, al tomar en cuenta la cantidad de personas que fueron afectadas por las violaciones. De paso explicó que el monto total de la sanción se basa en una multa de $2,000 multiplicada por los 850 mil beneficiarios. Destacó que las regulaciones vigentes le permiten establecer multas de hasta $5,000 por cada beneficiario.

Para reforzar su postura citó el Artículo 11 del Reglamento 7617 de la OPP, que establece que MCS tenía que notificar a los beneficiarios sobre la cancelación del contrato.

Asimismo, planteó que aunque el monto de la multa pueda ser considerada como ‘ridícula’, estáresguardada por Ley. Observó que MCS nunca se quiso someter a dicho foro administrativo y que siempre trató de dilatar los procesos. Más aún, opinó que si MCS consideraba que no procedía la multa, tenía como remedio el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo.

Además, se mostró en desacuerdo con la conclusión del juez federal Juan M. Pérez Giménez, de que su agencia había violado los derechos constitucionales de MCS.

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