La magistrada federal Sylvia Carreño Coll impuso este jueves una fianza de 250 mil dólares al vicepresidente de la compañía San Juan Tropical, Rolando Rivera Solís, por presuntamente cometer un millonario fraude bancario a Doral Bank.

El sujeto de 54 años, y quien aparece acusado junto a la exvicepresidenta de la institución bancaria, Annelise Figueroa, deberá permanecer en arresto domiciliario y se le ordenó no tener acceso a equipos electrónicos. Igual sucedió para Figueroa, quien ya se encuentra bajo arresto en su domicilio en Santurce.

Su representante legal, Melanie Carillo, solicitó a la secretaría del Tribunal Federal, en Hato Rey, agilizar los procesos para que el hombre pudiera salir hoy mismo del Centro Metropolitano de Detención donde lleva preso desde el lunes.

La petición de la abogada fue objetada por el fiscal federal José Capó, quien argumentó que el hombre era un ‘peligro para lo sociedad’ por los casos en los que había estado involucrado.

Capó sostuvo que la fiscalía tiene correos electrónicos, contratos y testigos para probar el caso.

Asimismo, mencionó que Rivera Solís fue protagonista en 1983 de un juicio por jurado al que se exponía a pena de muerte. Tras las presentación de evidencia, el jurado emitió un veredicto de no culpabilidad por homicidio.

El representante del gobierno de Estados Unidos también destacó durante la vista de cargos y fianza otra situación a la que el propietario de Innova Cleaning supuestamente estuvo involucrado.

Se trata de un presunto señalamiento de una joven de 15 años que lo acusó de haberla incitado a tomarse fotos sexualmente explícitas. Ese asunto, según el fiscal, sucedió en 1998, pero nunca se presentaron cargos y los documentos mostrados en sala fueron imprecisos. De hecho, ese escrito no coincide con la fecha de nacimiento de Rivera Solís, de acuerdo a su abogada.

Carillo cuestionó en múltiples ocasiones la procedencia de esos documentos y su veracidad. Al oír el señalamiento, el imputado puso cara de incrédulo y dirigió su mirada a sus familiares, quienes lo acompañaron durante la vista.

Rivera Solís y Figueroa enfrentan 13 cargos federales por fraude bancario, apropiación ilegal de fondos, fraude electrónico y lavado de dinero.

De ser hallados culpables, los acusados se exponen hasta una pena de 30 años de cárcel y una multa de hasta $1 millón.