El Departamento de Justicia recurrió el miercoles al Tribunal de Apelaciones para solicitar que se revoque la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en donde se resolvió que el Departamento de Hacienda tendría que pagar un reintegro de $230 millones a Doral Financial Corporation.

En la apelación presentada se estableció que la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia ‘rebasó los linderos de nuestra propia Constitución al permitir un desembolso multimillonario de fondos públicos para el beneficio privado de una institución bancaria que representó falsamente que había sobre pagado una suma multimillonaria y que fundamentó el derecho al reintegro en falsas representaciones sobre el balance de una deducción contributiva […]’.

De la prueba desfilada en el juicio en su fondo surgió que Doral no incurrió en un sobrepago de contribuciones que le permitiera solicitar la suma multimillonaria en discusión y combinó dos activos distintos y contributivamente irreconciliables para representar falsamente un monto inflado.

Asimismo, con esta apelación el Estado espera demostrar que el foro primario abusó de su discreción al limitar el alcance de la prueba que podía presentar en el juicio y al requerir que se eliminara todo argumento alusivo a la Constitución de Puerto Rico y a la teoría general de los contratos.

‘Los abogados que nos representan en este caso ante el foro apelativo cuentan con toda mi confianza, al igual que la tuvieron y la tienen los abogados que vieron el caso en el Tribunal de Primera Instancia. Sé que contamos con una prueba seria y creíble que demuestra claramente que Doral no tiene derecho al reintegro de $230 millones que reclama. Una vez más, defenderemos con toda intensidad y responsabilidad profesional el dinero que le pertenece al pueblo de Puerto Rico’, sentenció el Secretario de Justicia, César Miranda.

Por su parte, Doral también recurrió al Apelativo y expresó mediante comunicación escrita que, ‘El sistema judicial de Puerto Rico ha confirmado que el acuerdo es legal y válido. Instamos al gobierno a que respete esta sentencia y honre el acuerdo. Ni Doral, ni el gobierno, ni la economía, ni el pueblo de Puerto Rico se benefician de los múltiples intentos por retrasar y evitar la decisión del Tribunal’.

En el escrito de apelación, Doral solicita la imposición de honorarios de abogados al gobierno al acusarlo al de actuar temerariamente y solicita la determinación de hechos adicionales al agotar todas las vías dese el 10 de octubre de 2014 para dialogar constructivamente con el Departamento de Hacienda y hacer posible una transacción que atienda todos los intereses involucrados.

‘No obstante, de forma temeraria y a pesar de haber perdido en los tribunales, el Estado ha rehusado incluso a sentarse y dialogar con Doral. Esto, apostando a que el tiempo y no la razón se encargará de Doral. Es lamentable cuando el Estado adopta esta actitud en contra de una empresa de su jurisdicción’, dice el escrito

Según Doral, el Estado actuó temerariamente al decretar la nulidad de un acuerdo final del 2012 sin tener evidencia para ello, según quedó claramente demostrado en el juicio.

Además le informó al Tribunal que el Estado ‘ya vocifera su intento de aplicar el Artículo 28 de la Ley 66-2014 para no cumplir con los pagos a plazos dispuestos en el Acuerdo de 2012. Esto, a pesar de que no se trata de una obligación impuesta por una sentencia sino de un contrato que fue ilegalmente dejado sin efecto’.

Con este proceder, Gobierno intenta alegar que tendría que pagar la cantidad de $229,884,087 reconocida en un acuerdo final en pagos anuales de $3 millones por 76 años. ‘Este absurdo aparenta ser la nueva estrategia legal del Estado para no cumplir con sus obligaciones y asegurar la desaparición de una empresa puertorriqueña que decidió ventilar sus reclamos en un tribunal de justicia’, dice el documento.

Esta nueva estrategia surge cuando el Estado se ve acorralado ante lo inevitable y su única salida es postergar el tema para que otro pague.

Doral se expresó a favor de negociar una resolución con el gobierno que sea favorable para todas las partes.

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Apelación Doral – NotiCel_10207