En las elecciones del 2012, justo cuando las autoridades federales comenzaban a arrojar sombra sobre sus negocios mediante un caso civil de confiscación de dinero que ayer se convirtió en un caso criminal de lavado de dinero, el licenciado Juan Ramón Zalduondo Viera se paseaba por los cuarteles del Partido Popular Democrático (PPD) como parte del equipo de finanzas y estrategia de la colectividad.

De ese grupo han salido personas para juntas de gobierno, para montar operaciones que reciben millonarios contratos gubernamentales, y para cabildear a los funcionarios de la Administración García Padilla de manera directa o mediante parientes y conocidos.

Pero Zalduondo podría ser el primero que salga de ese grupo para entrar en la cárcel si un jurado cree la evidencia que las autoridades federales tienen en su contra como uno de los facilitadores del lavado de dinero en la organización de narcotráfico de Carlos ‘Cano Navarro’ Morales Dávila. Las alegaciones son que, entre el 30 de septiembre de 2011 y el 29 de mayo de 2012, Zalduondo hizo sobre 24 depósitos en efectivo que totalizan $3,226,980 en tres cuentas como parte del esquema de lavado, para el cual también compró 46 money orders entre el 4 de agosto de 2011 y el 22 de diciembre de 2011.

El también licenciado no es extraño a los círculos de ‘notables’ del PPD, como tampoco lo es para los círculos del ‘Olimpo’ en el Tribunal Supremo, donde fue miembro de la Comisión de Evaluación Judicial desde el 21 de febrero de 2001 hasta el 28 de septiembre de 2012, el mismo día que NotiCel publicó la primicia sobre su caso de confiscación civil.

Según la Rama Judicial, esta comisión se creó ‘con el propósito de aportar al mejoramiento profesional de los integrantes de la Judicatura, proveer un mecanismo para ofrecer información a la Rama Ejecutiva sobre la renominación o ascenso de los Jueces y las Juezas y obtener información que ayude en la determinación de decisiones administrativas’, Actualmente, sus miembros son los licenciados Guillermo Arbona Lago, Carlos Rivera Martínez, Ismael Colón Birriel, Francisco Rebollo López, Beatriz Vázquez de Acarón, Ángel González Román, y José Lázaro Paoli, quien representa a Empresas Fonalledas en su práctica privada, Además, está Frances Torruella de Alustiza.

Zalduondo fue, simultáneamente, fiduciario de la Fundación Histórica del Tribunal Supremo cuyos miembros actuales, según su portal de internet, incluye a: Luis Álvarez, Néstor Méndez, Luis A. Rivera Siaca, Jorge R. González, Andrés López, Emilio Piñero, Félix Villamil, Francisco Rebollo López, Hilary Hattler, Ivette González Buitrago, José Raúl Montes, José Jaime Rivera, y Miguel Antonio Ferrer.

En el caso de Zalduondo su membresía en estos organismos allegados al Supremo (la Fundación no es parte formal de la Rama Judicial) coincidió con controversias comerciales que tenía pendientes ante ese foro sobre el extinto San Miguel Four Seasons Resort, propuesto en la Reserva Natural Corredor Ecológico del Noreste (RNCEN) a través de la empresa Juaza, la misma que, según el pliego acusatorio, se usó para el esquema de lavado de dinero.

En particular, en 2004, hubo un caso radicado por organizaciones ambientalistas impugnando la venta de terrenos públicos en la RNCEN y en donde se proponía el resort. El entonces juez Baltasar Corrada del Río decidió en contra de los ambientalistas, al igual que lo hizo el fenecido exjuez Jaime Fuster Berlingeri. La esposa de Fuster es hermana de Zalduondo y Corrada se convirtió en cabildero de Zalduondo un año después de su salida del Alto Foro.

Las controversias por el fallido intento de construir el resort siguen hasta hoy, cuando hay un pleito pendiente que Zalduondo radicó contra el Gobierno y en la que reclaman el pago de $66 millones por asuntos relacionados a esta controversia. En ese pleito lo representa José Andreu Fuentes, hijo del exjuez presidente del Supremo, José Andreu García, y copresidente del Comité de Transición entrante del gobernador Alejandro García Padilla.

*Modificada para corregir la identidad de la esposa de Fuster.

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Conmoción por el Caso Zalduondo en las esferas de poder