La Legislatura recibió presión adicional para aprobar un aumento al arbitrio del petróleo crudo de parte de la Asociación de Alcaldes, que a traves de su presidente, Jose A. Santago, urgió a los legisladores a tomar acción para dar solvencia al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

El BGF ha dicho que aplazará la aprobacion de préstamos al gobierno y a los municipios, y que podría aplazar el desembolso de préstamos aprobados, para evitar perder su liquidez ante la negativa de la Legislatura de aprobar el aumento. Debido al tranque entre el Ejecutivo y el Legislativo, los autobuses y el Tren Urbano no operarán a partir del lunes debido a que no tienen dinero para operar. Por ley, el BGF tampoco puede prestar dinero sin una fuente de repago.

Santiago y los alcaldes presentes en conferencia de prensa en las oficinas de la Asociación, dijeron que la situación es mucho más profunda que la paralización de la transportación. ‘Aquí de lo que se trata es de permitir que el BGF tenga la liquidez suficiente para viabilizar la construcción de obras tan importantes como el expreso de Hatillo-Aguadilla’, explicó Santiago.

Los alcaldes pidieron a los legisladores que no pospongan decisiones que permitan poner al país en sus pies nuevamente, puesto que la decisión del BGF ya está afectando a los municipios. Asimismo, los alcaldes asociados alegaron que el dinero del aumento al crudo más que solventar obra pública en los municipios, pondría al Banco en condición de prestar dinero.

El alcalde de Arroyo, Eric Bachier, dijo que le tienen aguantado un préstamo de $500 mil que necesita para comprar camiones de basura y tractores para darle mantenimiento a su pueblo. Mientras, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, dijo que tiene paralizados unos $5 millones para la construcción de un hospital. Igualmente, el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, dijo que tiene paralizados unos $500 mil en préstamos.

Si el BGF no tiene liquidez no les puede dar préstamos. Aunque todos dijeron tener margen prestarario, no pueden recurrir a la banca privada porque no está prestando dinero.

Santiago y los demás alcaldes acusaron a los representantes Manuel Natal, Luis Raúl Torres y Carlos Vargas, entre otros, de tener una actitud obstruccionista e irracional. Además, Santiago aseguró que cuando el Ejecutivo somete medidas a la Legislatura permite que los legisladores las enmienden. ‘El Gobernador nunca ha tenido la actitud de imposición. Cada uno de sus proyectos se ha enmendado,’ añadió el Presidente de la Asociación.

Santiago le recordó a Torres que el municipio de San Juan, al cual representa, es uno de los que más necesita que el BGF le preste dinero y que se vería afectado con una posible insolvencia del banco. Sin embargo, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, se opone a la ‘crudita’. Torres ha dicho que quiere aprobar el aumento al petróleo crudo en conjunto con la reforma contributiva, pero los alcaldes alegan que la reforma no se puede hacer de un día para otro.

Para el Alcalde de Comerío, aunque hay un proceso de diálogo que se tiene que dar, no se puede llegar al extremo de obligar al Gobernador a aceptar una propuesta específica. ‘Si uno de mis legisladores me dice eso, yo le digo que entonces se postule a alcalde’, dijo Santiago. ‘Hay que permitirle gobernar’, ripostó. En actitud similar, el alcalde de Juncos, Alfredo Alejandro, dijo que si un legislador de los suyos le hace eso, no corre más en su papeleta.

De otro lado, el alcalde de Coamo y hermano del gobernador, Juan Carlos García Padilla, explicó que el aumento al crudo es necesario porque la Autoridad de Carreteras tiene que solventarse a sí misma y pagar su línea de crédito al banco.

El aumento viene luego de que en 2013 se aumentara el impuesto al crudo en 4 centavos para ayudar a solventar la ACT.

‘Vamos a resolver esto de una vez y por todas y además incluye una restructuración de Carreteras’, explicó el hermano de García Padilla.

Además del proyecto sobre el arbitrio del petróleo, el Gobernador incluyó en la convocatoria a la sesión extraordinaria que continúa el lunes dos resoluciones conjuntas para distribuir cerca de $99.7 millones entre 66 municipios para obras y mejoras permanentes.

El Alcalde de Coamo dijo que no se puede criticar a un alcalde por querer hacer una pista de patinaje o un parque acuático porque todas esas construcciones generan actividad económica y empleos. A modo de ejemplo, en Jayuya se hizo una bolera que se paga a sí misma y al municipio, además de generar empleos, dijeron.

Entretanto, Vargas dijo en declaraciones radiales que no está obstruyendo la labor del Gobernador, sino ejerciendo su función constitucional de cuestionar las decisiones del Ejecutivo. ‘No se trata de estar en contra del gobernador’, afirmó. No obstante, Santiago refutó que a quien tienen que pedirle explicaciones es a la administración pasada y que el Gobernador ha dado todas las explicaciones que tiene que dar.

La pieza sobre el arbitrio del crudo, entre otras cosas, permitiría a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) incurrir en deuda de hasta $2,900 millones para pagar las obligaciones de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) con el BGF, que tiene una liquidez neta de $1,700 millones. La deuda de Carreteras representa el 17% de su cartera de préstamos.