La Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) acusó el jueves a la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno en el pasado cuatrienio y a varios exdirectivos de la Corporación Pública de estar envueltos en un supuesto esquema de extorsión y corrupción. Se exigió al Departamento de Justicia que amplíe su investigación, al tiempo que exhortó al Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en ingles) a intervenir urgentemente en la pesquisa.

‘Esto es algo más complejo y tres personas no pueden adjudicar cientos de millones de dólares en contratos para energía renovable que incluía fondos ARRA’, dijo Evans Castro, presidente de la Unión de Empleados Profesionales Independientes de la AEE (UEPI) en conferencia de prensa.

Según Castro, el expresidente de la Junta de Gobierno José Ortíz ordenó una investigación administrativa que exoneró a José Pérez Canabal de las imputaciones en su contra y por las cuales el Departamento de Justicia le radicó cargos junto al licenciado Francisco Santos y a su contable y amigo, Roberto Torres.

El sindicalista entiende que los proyectos de energía renovable aprobados en la pasada administración contaron con el visto bueno de la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno así como varios funcionarios en distintas divisiones de la Corporación Pública.

El miércoles, el Departamento de Justicia presentó 22 cargos contra el trío por supuestos delitos cometidos en negociaciones relacionadas a proyectos energéticos otorgados bajo la pasada administración gubernamental por un monto de 190 millones de dólares para la construcción de una planta solar de energía renovable en Guayanilla.

‘Durante la pasada administración, la AEE fue víctima de una compleja guerra corporativa entre varias empresas, en particular Tropical Solar y Ciro Energy, quienes buscaban controlar el fondo millonario destinado para desarrollar modelos de energía renovable. Esa batalla empresarial contó con la intervención indebida e ilegal de altos funcionarios de la AEE, así como de políticos y bufetes legales, información que está contenida en el extenso informe que presentamos a las autoridades federales y estatales con más de medio centenar de documentos públicos, privados y corporativos’, aseguró Ernesto Santiago Pérez, presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE.