Aunque el gobierno de Puerto Rico tiene base para apelar la decisión judicial que validó el acuerdo entre Doral Bank y el Departamento de Hacienda para pagarle al banco un reintegro de casi $230 millones, el abogado John Mudd opinó que sus posibilidades de prevalecer son bajas.

Mudd opinó que con la decisión de Doral, se restituyó el estado de derecho de que los acuerdos que se pactan se deben respetar. Eso es importante al destacar que medios en los Estados Unidos continentales habían criticado a Puerto Rico por no respetar acuerdos con los negocios. De hecho, varios congresistas enviaron cartas al gobernador Alejandro García Padilla solicitando que se respetara el acuerdo con Doral.

El letrado sostuvo que estuvo presente durante el juicio del caso para informar lo que pasaba a inversionistas en Estados Unidos que le preguntaban sobre el desarrollo del mismo.

El viernes, la jueza Laureana Pérez Pérez declaró valido el acuerdo final de 2012 en donde Hacienda se comprometió pagarle al banco un reintegro de $229.8 millones al destacar que la prueba desfilada demostró que Doral no hizo falsas representaciones. Por el contrario, Hacienda luego de tener toda la información que le proveyó Doral, accedió a conceder el reintegro.

En el 2006, Hacienda y Doral suscribieron un acuerdo final para evitar que la agencia tuviera que devolver dinero de sobrepagos hechos en el 1998 al 2005. El dinero se usó como un crédito para los impuestos futuros y se amortizó la deuda de $889.7 por 15 años.

En el 2012, Doral y Hacienda llegaron a otro acuerdo que derogó el anterior en donde Hacienda reconoció que Doral hizo un sobrepago de impuestos y acordó hacer un reintegro a $229.8 millones a pesar de que al banco le quedaba un crédito mayor de unos $776 millones. Este acuerdo era final a menos que se probara que hubo fraude o engaño o falseamiento de un hecho pertinente.

‘En el 2006, se convirtió un reintegro en un derecho a depreciar y en el 2012 se cogió el derecho a depreciar y se convirtió en reintegro’, resumió Mudd al destacar que el reintegro se redujo al tomar el valor futuro y ponerlo a valor presente.

Según la jueza, aunque Hacienda sostuvo que el Código de Rentas Internas no permite un reintegro sino se hace un sobrepago, la agencia no pudo probar que Doral no hubiese hecho un sobrepago.

‘Pero aún si se hubiese probabo, la prueba establece que no es ilegal convertir un DTA (deferred tax asset) en un reintegro o que dicho tratamiento esté prohibido por el Código de Rentas Internas,’ dijo Pérez Pérez en su decisión.

Mudd dijo que es muy probable que Hacienda apele la determinación bajo el argumento de que no hay evidencia de que hubo sobrepago. No obstante, notó que la agencia aceptó en los acuerdos que Doral si hizo sobrepagos y, aunque se trató de impugnar el acuerdo del 2012 en donde se reconocían los sobrepagos, la agencia no impugnó un acuerdo previo del 2006 que también reconocía el sobrepago.

Recordó que Doral en la década de los 2000 había sobrepagado impuestos al reclamar que tenía más ganancias de las que tenía y que inclusive un ejecutivo fue acusado de fraude. El banco luego tuvo que hacer un rectificación (‘restatemente’) de sus finanzas.

De acuerdo a la sentencia, el gobierno tendrá que pagar los $229.8 millones del acuerdo en un periodo de cinco años o $45 millones por año.

Las reglas de procedimiento civil, luego de haber perdido el caso al gobierno se le podrá imponer gastos y honorarios de abogado al Estado Libre Asociado de Puerto Rico siempre que se celebre una vista previa a tales efectos.

Mudd estimó que el gobierno tendrá que pagar fotocopias, las transcripciones de desposiciones, peritos y los gastos de radicación.

‘Serán varios miles de dólares’, dijo.

No obstante, dijo que los costos de apelar serán más económicos porque no hay vistas y los abogados laboran menos horas.

*Ver también:

Doral gana pleito contra Hacienda (documento)

No se acaba la pugna con Doral, Hacienda apelará hasta el final

Gobernador riposta a la oposición que pide renuncia en Hacienda y honrar acuerdo por lío de Doral