En Puerto Rico la tasa de reciclaje es de alrededor de un 11.3 por ciento, una cifra mucho menor a la establecida de 35 por ciento en la Ley 70-1992, según enmendada, con el fin de atacar la proliferación de desperdicios sólidos en la Isla para enfrentar el problema del calentamiento global, así lo establecen estadísticas de la Autoridad de Desperdicios Sólidos presentadas el miercoles, por la vicepresidenta del Complejo de Reciclaje Hugo Neu Americas la licenciada Mariedy Collazo.

‘A pesar de haber transcurrido más de 20 años de la aprobación de la referida legislación, se estima que casi el 40 por ciento del material reciclable termina en los vertederos’, dijo en un comunicado de prensa Collazo en su ponencia escrita ante la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales que preside el senador Cirilo Tirado que evalúa la Resolución del Senado 455 para investigar la implementación de la Ley para la Reducción y el Reciclaje de los Desperdicios Sólidos en Puerto Rico (Ley 70).

Collazo favoreció la pieza legislativa por entender que es de suma importancia que el gobierno actúe para promover la industria del reciclaje. ‘Iniciativas como la presente son necesarias para crear conciencia sobre la situación en la que se encuentra la disposición de desperdicios sólidos en la Isla’, puntualizó.

Actualmente en Puerto Rico operan 32 vertederos, lo que significa que significa que hay una gran cantidad de terreno en la Isla donde se acumulan desperdicios sólidos. ‘Como si fuera poco gran parte de estos vertederos pudieran ser cerrados por su incumplimiento con las reglamentaciones estatales y federales aplicables’, explicó la licenciada.

Hugo Neu Americas busca establecerse en Puerto Rico con una inversión que se estima en unos 80 millones de dólares. Una vez operacional, se generarían 102 empleos directos con un costo anual de nómina y beneficios marginales que se estiman en aproximadamente $1millón. El Complejo implementaría tecnología de punta, procesará materiales reciclables tales como papel, cartón, plástico, equipos electrónicos y metales para convertirlos en materia prima con el fin de venderla en mercados locales e internacionales.

Por otro lado la directora ejecutiva de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) Laura Vélez, avaló la medida, ‘este ejercicio permitirá determinar los logros y dificultades encontrados en la implantación de esta Ley, y evaluar si los objetivos de manejar adecuadamente los desperdicios sólidos, promover la actividad económica mediante el reciclaje, proteger el ambiente y la salud pública’. La JCA reconoció además que es la Autoridad de Desperdicios Sólidos y los municipios los responsables de implementar la Ley 70.