Para la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, sería ‘prematuro’ y ‘especulativo’ establecer que el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Alberto Bacó Bague, ha incurrido en violación a la Ley de Ética Gubernamental por copresidir ‘Puerto Rico is the Answer’ (PRANS).

PRANS atraerá a inversionistas para Puerto Rico y promocionará los incentivos que ofrece el Gobierno. Bacó, o sus subalternos, evaluarían si se otorgan los mismos.En entrevista con NotiCel, Rosario manifestó que no necesariamente represente ‘un conflicto de interés, porque fíjate que es algo que no es para beneficiar a Alberto Bacó. Si es algo para beneficiar a Puerto Rico y está alineado con la razón de ser, la meta, la visión del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, yo no puedo decir sin haber hecho ese análisis específico, que eso pueda ser un conflicto de intereses’.

Para la funcionaria el alcance que tengan los empresarios que formen parte de PRANS para buscar inversión, multiplicaría los esfuerzos que hace el Gobierno.

‘Quién único puede saber si hay un real o potencial conflicto de intereses va a hacer el propio Bacó, porque ahora mismo tú no puedes anticipar lo que va a ocurrir’, añadió, al mismo tiempo que exhortó al funcionario hacer la consulta al OEG.

Rosario sostuvo que de lo que ha podido indagar, PRANS tiene unos fines muy similares al DDEC, en relación a la búsqueda de inversión para estimular la economía y la creación de empleos.

‘Así que yo no le veo a los objetivos de una y de la otra nada que parezca ser conflictivo… El vínculo de Bacó como ‘co-chairman’ de PRANS y a la misma vez secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, de su facto, no parece ser conflictivo porque va hacia lo mismo, y máxime tratándose de una organización sin fines de lucro’, puntualizó.

De acuerdo a la titular de OEG, Bacó tendría que hacer un alto en sus gestiones en PRANS si a la Junta se trajera a la discusión el caso de algún inversionista con el que tenga o hubiera tenido algún vínculo ya sea económico, laboral, de plan de retiro individual u otro.

De esto ocurrir, debe constar en las actas de la reunión de la Junta su inhibición del proceso y tiene la obligación de informarlo a la OEG.

‘Él se comunica con nosotros, y nosotros le ayudamos a hacer la evaluación, porque puede que en la evaluación, la solución a ese potencial conflicto de interés es que haga un mecanismo de intervención… Si hay un interés de índole económico le podríamos entonces requerir que haga una escritura de fideicomiso…Lo que quiere eso decir es que no necesariamente la persona se va a tener que retirar de participar en esa entidad’, agregó.

En otros aspectos, Rosario detalló que le llamó la atención que la organización en el Certificado de Incorporación rendido el pasado marzo ante el Departamento de Estado se describa como una ‘fundación’. En esa línea, la funcionaria destaca que las fundaciones usualmente tienen fondos, que luego son distribuidos a personas o entidades en base a unos parámetros de selección.

El propio Certificado establece que ‘el propósito de esta corporación sin fines de lucro es contribuir de cualquier manera a un posible resurgimiento de la economía, animando a la gente a tomar decisiones informadas con respecto a las inversiones en Puerto Rico’.

También dice que los servicios que principales que brindarían serian educativos e investigativos.

Certificación registro PRANS – NotiCel_8558

Certificado incorporación PRANS – NotiCel_8559