La intención de un norteamericano de exportar por correo dos especies de coquíes, que supuestamente capturó en Vieques la semana pasada, trae a la atención pública un problema que en Puerto Rico requiere de mayor coordinación interagencial para combatirlo: el tráfico ilegal de animales exóticos, que es el más lucrativo en el mundo despues del tráfico de drogas y armas.

La amenaza que representa, tanto para las especies como para la vida humana el sacar a los animales silvestres de su hábitat natural, ha llevado a muchos países a desarrollar leyes rigurosas contra quienes incurren en este delito. En Puerto Rico, la nueva ley de Vida Silvestre impone multas de entre $5,000 y $50,000, así como una pena de cárcel de entre 90 meses y 3 años.

Como todo contrabando, las vías de entrada son variadas y clandestinas.La semana pasada un ‘turista’ intentó exportar 16 coquíes por FedEx al alegar que enviaba ‘carteras’ a un amigo en Ohio, pero también se dan intervenciones del Cuerpo de Vigilantes del DRNA en los aeropuertos y puertos marítimos.

El director de Pesca y Vida Silvestre, Miguel Díaz Bermúdez, comentó que ya se había dado un caso reciente de exportación ilegal a través del correo UPS, que ubica en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Pero en esa ocasión sucedió a la inversa. Se confiscó un paquete que pretendía importar una variedad de especies como camaleones, tortugas, escorpiones, tarántulas y diferentes ranas.

El riesgo que representa la exportación ilegal, según Díaz Bermúdez, se mide en términos del potencial de daños a los recursos naturales o de infraestructura. Recordó, por ejemplo, la lucha que ha tenido que asumir el DRNA para combatir la propagación de especies depredadoras como la Boa Constrictor, en Mayagüez, que se alimentaba de aves exóticas y hasta de mascotas; así como para contrarrestar los intentos de introducir pirañas en Puerto Rico, que eventualmente pudieran culminar en los balnearios públicos.

Díaz Bermúdez recordó, además, el fondo de emergencia al que tuvo que recurrir el Departamento en 2007 para disminuir la amenaza de los primates, que estaban arruinando los cultivos de melones, mangó y aguacate de los agricultores en la zona suroeste.

El principal reto, sin embargo, es lograr una mayor coordinación con el Departamento de Justicia en el debido procesamiento de estos criminales y en adquirir mayores mecanismos legales para obligar al pago de la multa. El historial punitivo de Justicia se ha caracterizado a través de los años por el poco o ningún protagonismo en los temas ambientales.

La Fiscal Marie Christine Amy, aseguró que el departamento está en la mejor disposición de colaborar con el DRNA y la Policía en el procesamiento de crímenes ambientales, pero que le corresponde a esa agencia dar seguimiento a las actuaciones contrarias a la ley, a los fines de que los mismos puedan procesarse eficazmente en los tribunales.

Las personas que se dedican al estudio de la biodiversidad de Puerto Rico, como el doctor Rafael Joglar, exigen que se tome un rol más severo. ‘He estado pensando en estos días en las ballenas acosadas en jet ski, la tortuga, el delfín, los fuegos y ahora los coquíes por Fed Ex. Estos son crímenes de odio contra la naturaleza y la biodiversidad. Esto es serio’, comentó en las redes sociales. El profesor sugirió, además, que se responsabilice a las compañías que ofrecen servicios de correo o que se les exija ciertos controles para evitar el tráfico ilegal.

El DRNA está buscando, por otro lado, abreviar las brechas existentes a través de un acuerdo colaborativo con Hacienda para garantizar la implementación eficaz de la Ley 241 y el debido procesamiento de los violadores.

*Ver también:

Calentamiento global cambia el canto del coquí