El Tribunal Supremo acogió el martes la petición presentada por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, así como la que emitió en primera instancia el juez Germán J. Brau para declarar inconstitucional la recien firmada Ley de Reforma de Reiro en la Judicatura.

‘Hoy cumplimos con nuestro deber constitucional de ser el tribunal de última instancia en nuestro País, a pesar de que la controversia ante nos versa sobre un asunto que afecta directamente a cada juez del Tribunal General de Justicia: el retiro de los miembros de la Judicatura. Ante tal lamentable e incómoda situación en la que nos han puesto las Ramas Políticas, entiéndase, el Gobernador de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa’, reza parte de la Resolución del Supremo.

‘Como norma general, un juez debe inhibirse en casos en que tenga conflicto de interés o un prejuicio sobre la controversia o sobre los litigantes… Sin embargo, el procedimiento civil jurídico provee una excepción a esa norma: la regla de necesidad’.

‘Por todo lo anterior, declaramos con lugar la Petición de Certificación’, expresa dicha Resolución.

El Tribunal Supremo concedió diez días a las partes para someter sus alegatos en el caso, y fijó para el 15 de enero de 2014 a las diez de la mañana una vista oral para que las partes expongan sus posiciones y aclaren dudas.