Grupos de derechos civiles solicitaron el jueves la destitución inmediata del jefe de Seguridad de Carolina, Juan Ortiz Crespo, investigado por fiscalía y la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de esa región, por un alegado acto de sodomía contra una empleada de la Policía Municipal.

La licenciada Ada Conde, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos, requirió la pronta intervención del alcalde, José Aponte Dalmau, para que separe de su puesto al máximo jefe de la seguridad carolinense. De no hacerlo, la activista pidió la renuncia del ejecutivo municipal.

‘Cuando Hilton Cordero lo estaban investigando, Jorge Santini, siendo en ese entonces alcalde de San Juan y a pesar de ser su amigo, lo separó de su puesto de Comisionado de Seguridad de la Policía Municipal de la ciudad capital. Sin embargo, mientras una empleada de 22 años recibe tratamiento en el Fondo del Seguro por estos alegados hechos, el alcalde se niega a removerlo y separarlo de su cargo por la relación de amistad que existe’. indicó Conde.

Dijo, además, que ‘aquí se ha cometido un crimen, un delito grave. Existe la presunción de inocencia y sabemos que está en la etapa investigativa. Pero de probarse, aquí se ha cometido un crimen de odio, de prejuicio por el hecho del género de la víctima’, manifestó la líder de derechos civiles, al señalar que desde que Ortiz Crespo está al mando de la seguridad en Carolina se han presentado otras 15 querellas contra el Municipio por hostigamiento y discrimen.

La abogada criticó la inacción de la procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, a quien dijo el abogado de la presunta víctima, Manny Suárez, ha llamado para que intervenga, pero no ha contestado las llamadas.

‘Pedimos al alcalde que separa la amistad y la profesión y destituya, mientras culmina la investigación, a Ortiz Crespo. Él está demostrando que no le importa lo que suceda. Que demuestre que él es el alcalde y la entidad nominadora de Carolina. Aunque le cobije la presunción de inocencia, lo menos que puede hacer Aponte Dalmau es separarlo de su puesto si es que cree en su municipio’, agregó.

Conde añadió que solicitaron la intervención del Departamento de Justicia federal, específicamente a la División de Violación de Derechos Civiles, para que investigue el caso como uno de crimen de odio. ‘De encontrarse que hubo un patrón de discrimen y que fue por crimen de odio en un delito grave como es una agresión sexual de este tipo, van a someter cargos federales’, sostuvo.

Por su parte, José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, también señaló un supuesto patrón de discrimen contra esa comunidad. Según Rodríguez, la policía municipal persigue a los comerciantes dominicanos en un alegado comportamiento de intimidación. ‘Lo que hacen es que cuando los clientes van a comer a los restaurantes, las patrullas se paran detrás de ellos, le ponen multas y los clientes se van. Esto ha llevado a los propietarios a tener pérdidas y en el peor de los casos a cerrar sus negocios’, explicó el activista dominicano.

En entrevista telefónica con este diario digital, la directora de la División de Delitos Sexuales de Carolina, Karen González, informó que la querella aún está bajo investigación. ‘Aquí no se trabaja de forma expedita por ser un caso de interés público. Atendemos los casos en el orden que haya llegado’, detalló.

Entretanto, el director de Prensa del Departamento de Justicia, Miguel Pereira, comunicó que la Fiscalía todavía no ha recibido los resultados de las pruebas que se levantaron y que las mismas podrían tardar semanas en ser presentadas.

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