Antes de la debatida implantación de la reforma de salud federal, Puerto Rico le llevaba casi dos decadas de delantera a Estados Unidos en el proceso de garantizar el acceso de la ciudadanía a los servicios de salud por lo que la tasa de no asegurados en la Isla es la mitad de la del continente y las circunstancias y retos de cara a la nueva reforma en ambos ruedos distintos.

Sin embargo, el hecho de que en la Isla una mayor proporción de la población cuente con un seguro de salud, no implica que tenga acceso a una mejor calidad de servicios que los estadounidenses. De hecho, desde los inicios de su implantación del sistema boricua originalmente conocido como la Reforma de Salud, y posteriormente rebautizado como Mi Salud, enfrentó múltiples contratiempos y gran parte de los cuales prevalecen al presente principalmente en los ámbitos de calidad e integración de los servicios. Algunos de esos cabos sueltos del programa iban a ser atendidos con la propuesta de la Administración García Padilla de un modelo de acceso universal, pero la misma ha quedado en suspenso.

Cuando en el 1993 durante el mandato del exgobernador Pedro Rosselló, se aprobó la Reforma de Salud y se creó la Administración de Seguros de Salud (ASES), el gobierno de Puerto Rico decidió asumir un rol de contratante y fiscalizador, y delegó a las aseguradoras contratadas el acceso a los servicios de las personas médico-indigentes, buscando así controlar costos. Este proceso incluyó la privatización de la mayoría de las instituciones hospitalarias del gobierno, algo que ha sido condenado por la comunidad médica porque, entre otras cosas, limitó los talleres de práctica de los estudiantes de medicina y por ende la cantidad de especialistas que produce el país.

Durante ese proceso el entonces presidente estadounidense Bill Clinton, intentó sin éxito reformar el sistema de salud en Estados Unidos, proveyendo una cubierta de salud universal a la ciudadanía que estuviera basada en la idea de la ‘competencia administrada’. Es decir, que las aseguradoras privadas hubiesen podido competir en un mercado fuertemente regulado.

El propuesto ‘American Health Security Act’ buscaba obligar a los patronos a aportar el 80% del costo de las primas de sus empleados, y los empleados tendrían que contribuir el restante 20%. También intentaba prohibir a las aseguradoras la denegación de solicitudes de cubierta por condiciones de salud preexistentes, y por estatus laboral o financiero.

Según un artículo publicado en The New York Times en el 1994, uno de los obstáculos importantes para evitó que pasara la legislación en el Congreso, fue la firme oposición de las pequeñas empresas a que se les impusiera como requisito financiar la cubierta de salud de sus trabajadores.

La oposición al plan también se debió a que la ex primera dama de Estados Unidos y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, quien jugó un papel importante en su diseño, intentó llevar a cabo todos los trabajos del Task Force on National Health Care Reform, en reuniones secretas, fuera del escrutinio público, sostiene Discoverthenetworks.org.

‘Este modus operandi estaba en violación de las denominadas leyes de transparencia’, resalta la publicación.

Entretanto, con sus altas y bajas la Reforma de Salud de Puerto Rico fue evolucionando hasta que para el 2000 le brindaba una cubierta de salud a 1.8 millones de habitantes, la cual posteriormente se redujo a los actuales 1.6 millones de beneficiarios, y a ofrecer lo que en teoría es la cubierta más completa que ofrezca un plan médico en la Isla.

La Reforma, ahora Mi Salud, incluía la cubierta básica y la especial. La básica incluía: servicios de hospitalización, visitas médicas, servicios quirúrgicos, servicios de maternidad, servicios preventivos tales como exámenes anuales de la vista y el oído, monitoreo nutricional, prueba de Papanicolao, mamografía y cuido postnatal durante los primeros dos años de vida. Incluye también inmunizaciones, examen de la próstata, servicios mentales limitados a desintoxicación y servicios ambulatorios, pruebas diagnósticas, laboratorios clínicos, rayos X; terapia física y respiratoria, servicios de sala de emergencia, servicios dentales, prescripción de medicamentos, trauma, y servicios de ambulancia terrestre, marítima y aérea.

La especial incluía servicios cardiovasculares y neurovasculares, procedimientos neuroquirúrgicos, diálisis peritoneal y hemodiálisis, cuidado intensivo neonatal, servicios para tratamiento del cáncer, pruebas diagnósticas como tomografías, resonancia magnética, cateterización cardiaca, pruebas nucleares, procedimientos cardiovasculares invasivos, litotricia y endoscopía.

Sin embargo, desde sus inicios el modelo en el cuál se estableció que los médicos primarios eran capitados y los que controlaban el paso del paciente por el resto del sistema de salud a través de referidos rápidamente dio pie a problemas de retraso y de denegación de servicios. El programa también enfrentó problemas financieros registrando desde sus inicios sustanciales déficits anuales.

En el 2010, la Administración Fortuño, hizo cambios al plan de salud gubernamental, que denominó como Mi Salud, en el que amplió la cubierta de beneficios y eliminó la necesidad de referidos en ciertas etapas, pero los problemas prevalecieron.

Asimismo, un informe de la Unidad de Investigaciones Económicas del Departamento de Economía de la Universidad estipuló que pese a Mi Salud y a otros programas como Medicare y Veteranos que juntos cubren las necesidades de salud de 2.1 millones de puertorriqueños, para el 2011 en Puerto Rico todavía había unas 280,641 personas no aseguradas en Puerto Rico. Los restantes 1.3 millones de residentes en la Isla contaban con un plan médico privado.

Para este mismo periodo en Estados Unidos había cerca de 48.6 millones de personas sin plan médico. Unos 149.3 millones de ciudadanos tenían un seguro de salud a través de su patrono, otras 15.4 millones de personas tenía un plan privado individual, 50.7 millones eran beneficiarios del programa de Medicaid, 40 millones estaban asegurados bajo las cubiertas de Medicare y otros 3.8 millones tenía otro tipo de seguro público.

‘Cuando comparamos a Puerto Rico con Estados Unidos, en general, se observan las siguientes diferencias: la tasa de no asegurados en Puerto Rico es la mitad de la de los Estados Unidos (7.6% PR vs 16% EEUU); la distribución entre seguros financiados con fondos públicos (57.7% PR vs 31% EEUU y privados (34.6% PR vs 54% EEUU)’, destaca el informe.

El presidente Barack Obama, se ha enfrascado en una batalla con miembros del Partido Republicano en el Congreso, para defender la nueva Reforma Federal, que por una lado impone mandatos a individuos y patronos, en búsqueda de que todos los ciudadanos este asegurados. Y por otra parte, ofrece subsidios a los ciudadanos para que puedan adquirir un plan médico a través de los Health Insurance Exchange, los cuales han sido descartados como opción para la Isla.

En un reciente reportaje en el The New York Times, se afirma que la Reforma Federal no será suficiente para que todos los ciudadanos en Estados Unidos cuenten con un plan médico, esto debido a la negativa de algunos estados de expandir la población elegible para su programa de Medicaid.

El rotativo resalta que los excluidos serán atrapados sin seguro, entre las personas con ingresos ligeramente más altos que los calificarán para los subsidios federales a los nuevos intercambios de salud, y los que son lo suficientemente pobres para calificar para Medicaid en su forma actual.

En Puerto Rico, la idea de la administración de García Padilla, va en tres direcciones para dar una cubierta a las personas no aseguradas sin ofrecer las cubiertas privadas a descuento, ni imponer obligaciones a la empresa privada como en la esfera federal: ampliando la elegibilidad para Mi Salud, una nueva cubierta gubernamental subsidiada para personas con un nivel mayor de ingresos, y mediante la expectativa de ajustes tarifarios por la reforma federal.

Para enero 2014 se esperan ingresar a Mi Salud, a unas 74 mil personas no aseguradas, cuyos ingresos son de menos de $10 mil anuales. En enero 2015 se espera ofrecer la nueva cubierta gubernamental, estaría disponible para otras 75 mil personas no aseguradas, cuyos ingresos anuales son entre $10 mil a $25 mil. Los beneficiarios solo tendrán que pagar el 40% del costo de las primas, mediante deducible y copagos.

A su vez otras 133 mil personas no aseguradas, con ingreso anuales de sobre $25 mil, se espera puedan comprar un seguro privado luego de los ajustes en tarifas debido a la Reforma de Salud Federal.

Pese a tal expectativa, lo cierto es que en el citado informe sostiene que aún si Puerto Rico decidiera expandir el Programa de Medicaid y/o crear un Health Insurance Exchange, la Isla estaría en una posición parecida al estado de Massachusetts, cuya tasa de personas no aseguradas ronda el 4% por lo que el problema no sería completamente erradicado.

Igualmente, un estudio del Congressional Budget Office, ha estimado que el costo de las primas pudiera incrementarse sobre un 15% a las actuales en los estados donde no se establezca un mandato individual y pongan en vigor las disposiciones de Obamacare, lo que incluso abre el espacio a un potencial aumento en la cantidad de personas no aseguradas en la Isla.

Aunque el problema de las personas no aseguradas en Puerto Rico es menor que en Estados Unidos, el hecho no implica que los ciudadanos gocen de una garantía de una mejor calidad de vida y de servicios de salud.

Expertos han reiterado que el sistema de salud en la Isla es uno fragmentado, donde persisten los problemas de acceso, calidad y costo eficiencia.

El doctor Jorge Sánchez, es asesor senior en asuntos de salud del gobernador Alejandro García Padilla, ha sido el propulsor para establecer un Sistema de Cuidado Integrado de la Salud, a través del plan piloto del modelo acceso universal para remediar estas problemáticas. No obstante, el director de ASES, Ricardo Rivera, reconoció recientemente que el plan piloto no comenzaría este próximo enero en la región noroeste del país, como se tenía previsto.

El impacto y resultados de la nueva reforma federal tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico está aún por verse.