El Gobierno de Puerto Rico se quedará sentado en las gradas como mero espectador de la creciente montaña de reclamaciones que enfrenta UBS, optando por esperar, hasta una fecha desconocida, para decidir si tambien se unen a los reclamantes, una movida que les puede generar compensación de por lo menos $80 millones.

Así quedó claro en una escueta comunicación de la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, entrada la noche del miércoles, después de una embarazosa conferencia de prensa en la que el Gobernador y el secretario de Justicia tuvieron que responder por la dejadez que ha demostrado el Gobierno en el tema de UBS.

En sus expresiones escritas, Vila dice que ‘el término para hacer alguna reclamación (contra UBS) no vence el 17 de octubre de este año. Por ende, en este momento, no es necesario que el ELA, como emisor de deuda, inicie una reclamación sobre este particular. El gobierno continuará evaluando cualquier causa de acción sobre el tema siempre velando por los derechos del pueblo de Puerto Rico y tomará toda acción que estime necesaria para proteger sus intereses’.

Más temprano, el gobernador Alejandro García Padilla había evadido responder si su administración atenderá el reclamo de grupos sindicales para que el Gobierno demande a la firma de corretaje UBS Financial Services, por las recomendaciones que les hicieron de emitir bonos de alto riesgo conocido como Auction Rate Securities (ARS), que les provocaron una pérdida de $80 millones.

El Primera Mandatario fue abordado por la prensa tras la culminación de una reunión del equipo de seguridad pública estatal y con el componente federal, pero este dijo que no contestaría preguntas de otro tema y abandonó el Teatro de La Fortaleza.

Mientras, el secretario del Departamento de Justicia, Luis Sánchez Betances, dijo que se había inhibido de atender asuntos relacionados a UBS debido a una anterior relación laboral que mantuvo con algunos de sus funcionarios, por lo que no podía contestar si el Gobierno iba a demandar o no a la firma de corretaje.

‘Si van a decidir hacer alguna expresión hoy, lo determinará el Primer Ejecutivo. El Departamento de Justicia somos abogados del Primer Ejecutivo, pero la decisión no es nuestra’, puntualizó Sánchez.

Los grupos sindicales habían planteado el lunes, que si el Gobierno no demandaba hoy a UBS, no podría recuperar todos los $80 millones pedidos por la transacción.