Los abogados convocados para un conversatorio sobre la decisión del Tribunal Supremo en el caso en que se denegó la adopción a una de las dos madres de una niña de 12 años, conocido como el caso AAR (iniciales de la menor), se manifestaron disidentes con la opinión mayoritaria de los jueces del máximo foro judicial.

Hicieron, además, un llamado a que el Supremo revoque su decisión en vez de transferirle la responsabilidad del caso a la legislatura.

Ante interrogantes de Noticel, la presidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lassén, se expresó sobre la razón de ser del conversatorio.

‘Este conversatorio se hizo para darle una oportunidad a contestar las preguntas que sabemos que mucha gente de la ciudadanía tiene, incluso estudiantes de Derecho y también abogadas y abogados, sobre cuáles son las implicaciones o qué es lo que va a pasar después de la decisión de este caso que, entendemos, pone sobre la mesa muchas discusiones no solo sobre las parejas del mismo sexo, sino sobre los derechos de los niños y las niñas que están viviendo y nacen en estas familias, si el Estado va a proteger sus derechos o no.’

‘Las mentalidades conservadoras creo que tienen que poner el oído en tierra y darse cuenta de que Puerto Rico es una sociedad bien diversa y que cada día hay más gente orgullosa de su diversidad y todas las diversidades tienen los mismos derechos, porque las diferencias no son lo que dan el derecho a tener derechos, sino el hecho de que todas esas personas somos ciudadanos de esta tierra’, dijo Rivera Lassén.

La abogada de las peticionarias del caso AAR, Nora Vargas Acosta, defendió su postura ante el caso y determinó que la posición que asumió la mayoría del Tribunal Supremo no tomó en cuenta que el artículo 138 del código civil es, en sí, inconstitucional por discriminar contra parejas del mismo sexo.

Continuó, y dijo que ‘el código civil no permite que parejas del mismo sexo adopten. Si le das una interpretación restrictiva a ese artículo, entonces es inconstitucional porque representa una violación a la igual protección de las leyes que está recogida en nuestra carta de derechos’, explicó la abogada.

Una posición similar adoptaron los abogados constitucionalistas Efrén Rivera y Judith Berkan, quienes argumentaron que los jueces del Tribunal Supremo pudieron y debieron haber utilizado medidas para permitir que la pareja de Carmen Milagros adoptara a la menor, sin que la primera tenga que renunciar a su parentesco.

Rivera destacó que las disposiciones del artículo 138 del código civil no son aplicables en este caso, por no considerarse el caso particular de Milagros Vélez.

El artículo no toma en cuenta la posibilidad de que la menor haya tenido una familia anterior. Eso es lo que ocurre en este caso, donde la niña es producto de inseminación artificial y se ha criado toda su vida con Milagros Vélez y su pareja.

‘Esto es una laguna en el Derecho’, puntualizó Rivera. ‘Ante situaciones así, que no han sido contempladas, los jueces deben establecer precedente.’

Rivera entiende que esta situación legal le permite al Tribunal incorporar la figura del ‘second-parent’, como existe en Estados Unidos.

‘Tal decisión permitiría que la pareja de Milagros Vélez adopte a la niña sin que la madre biológica pierda potestad de la menor’, agregó Rivera.

Por su parte, la abogada Judith Berkan, además de concurrir con los demás panelistas, calificó a la opinión del juez Edgardo Rivera García como ‘sumamente antimujer y hostil’.