Loíza- Residentes de la comunidad centenaria de Piñones y miembros de la Coalición Piñones-Loíza denunciaron un patrón de negligencia y representación inadecuada por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en el proceso de expropiación de los terrenos donde se proponía el proyecto Costa Serena en Piñones.

La Coalición tuvo la oportunidad de revisar el expediente del caso de expropiación forzosa ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El historial procesal del caso detalla todos los esfuerzos empleados por el Tribunal para agilizar el trámite de esta expropiación y la falta de diligencia del DRNA en atender las órdenes de la Jueza Mabel Ramón Milán.

Según la Coalición, en una Resolución del 15 de junio de 2011, la Jueza Ramón Milán concluye que ‘el DRNA ha incumplido reiteradamente con su obligación de asistir al Tribunal en la labor de resolver este caso con diligencia’.

En esta Resolución, la jueza le impuso al DRNA una sanción económica de 3,000 dólares por los reiterados incumplimientos con las órdenes del Tribunal. Además, de no actuar conforme a lo ordenado por el Tribunal, la jueza le impondría en la sentencia el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado, estimados en más de 87,500 dólares a la fecha de diciembre 2010.

‘El DRNA no cumple con las ordenes del Tribunal, no somete oposición a escritos ni requerimientos de admisiones, hasta el Director de la División Legal de la agencia, el Lcdo. Joshua Galarza, actuó en desacato a las órdenes del Tribunal al no comparecer a vistas; en fin, el DRNA ha manejado los procedimientos en un claro patrón de negligencia y representación inadecuada de los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico.

‘La Coalición Piñones-Loíza emplaza al gobernador Luis Fortuño a que ordene a su secretario del DRNA, Daniel Galán Kerkadó, a que haga su trabajo, que cumpla con su deber ministerial y que no permita que se malgasten millones de dólares del Pueblo de Puerto Rico para premiar económicamente a la familia de Joel Katz,’ expresó Carmen R. Guerrero Pérez, planificadora y asesora de la Coalición Piñones-Loíza.

El pasado mes de abril, la Coalición denunció que el DRNA se había prestado a un proceso innecesario y altamente irregular de re-valorizar e inflar el valor de los terrenos de la familia Katz de 4.9 millones de dólares a 32.5 millones, más de seis veces del valor establecido en otras tres tasaciones independientes efectuadas entre los años 2007 y 2008. Luego de esta nueva revalorización a 32.5 millones, el DRNA decidió desistir del proceso de expropiación, devolverle los terrenos a la familia Katz y compensarle por daños y prejuicios, según el monto que luego determinará el Tribunal.

Esta semana, varios miembros de la Coalición presentarán escritos de amigo de la corte ante el Tribunal de Primera Instancia para asegurar que se defiende el interés público en esta transacción ya que el DRNA tan solo está defendiendo los intereses de la familia Katz.

‘Respetuosamente solicitamos a la jueza Mabel Ramón Milán que evalúe con detenimiento el proceso de revalorización de estos terrenos. El nuevo tasador del DRNA, Eduardo Robles Carrillo, valoró 1,185 cuerdas de mangle de esta propiedad en un total de 13 millones de dólares utilizando un precio por cuerda altísimo (entre 6,800 a 13,500 dólares por cuerda) que no se sustenta con otras comparables para bosques de mangle en la Isla. La tasación también utiliza como criterio unos supuestos ‘derechos de desarrollo’ que la Junta de Planificación le asignó al mangle’, dijo Guerrero Pérez.

Sin embargo, según señaló la líder, esta acción es contraria a las leyes y reglamentos de la propia Junta de Planificación, que establecen que no se le pueden asignar derechos de desarrollo a terrenos anegadizos e inundables, tales como los bosques de mangle.

Por otra parte, Guerrero Pérez indicó que en todos los escritos legales, tanto de la PFZ Properties como del DRNA, se establece que Costa Serena contaba con los debidos permisos cuando el único permiso otorgado al proyecto (la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental Final por la Junta de Calidad Ambiental) todavía no se considera ‘final y firme’ ya que los miembros de la comunidad lo retaron en los tribunales y todavía se espera por una decisión de parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico.