La Cámara de Representantes refirió el lunes al Departamento de Justicia, al ex secretario de esta agencia Roberto Sánchez Ramos, a través de dos informes parciales en torno a la Resolución de la Cámara 341, bajo la que se investiga el Programa de Comunidades Especiales.

Entre las recomendaciones del tercer informe parcial de la Comisión de Asuntos de familia y Comunidades, está el ‘ordenar a la División de Integridad Pública del Departamento una investigación exhaustiva sobre los hallazgos de este Tercer Informe Parcial, brindando particular atención a las actuaciones u omisiones del pasado secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, en torno a los actos de corrupción relacionados al Programa de Comunidades Especiales que fueron referidos a su Oficina’.

Ello debido a los hallazgos de la comisión que apuntan a que ‘el licenciado Roberto Sánchez, como secretario de Justicia fue negligente al no realizar una investigación seria y profunda sobre los actos de corrupción que ocurrieron en el Programa de Comunidades Especiales y que fueron referidos a su Oficina tanto por la Cámara de Representantes de Puerto Rico, como por la propia Coordinadora General en aquel entonces Julia Torres de Vargas’.

También se recomendó investigar ‘a cualquier otro funcionario del Departamento de Justicia que haya intervenido con el asunto. Dicha investigación debería estar enmarcada dentro del contexto de posibles violaciones al Código Penal sobre posibles violaciones a los artículos de omisión y negligencia en el cumplimiento del deber.

Asimismo, se ordenó a la antes referida división que se investigue las actuaciones de los pasados directores regionales del Departamento de la Vivienda de la Región de Humacao, César Martínez y Jorge Suárez Cáceres, así como el pasado director regional del Departamento de la Vivienda de la Región de Caguas, ‘Wito’ de Jesús, en cuanto a los actos de corrupción que ocurrieron durante sus incumbencias.

Específicamente, según el informe dicha investigación debería estar enmarcada dentro del contexto de posibles violaciones a las siguientes disposiciones de aprovechamiento por funcionarios de trabajos o servicios públicos, soborno, encubrimiento y omisión en el cumplimiento del deber.

También se recomendó investigar las actuaciones de la pasada coordinadora general de Comunidades Especiales, Julia Torres de Vargas, así como del pasado administrador de Mejoras a la Vivienda, Jorge Fuentes Matta, en relación a los manejos de fondos en la Comunidad Especial Mansión del Sapo en el Municipio de Fajardo.

‘Dicha investigación debería estar enmarcada dentro del contexto de posibles violaciones al Código Penal en los artículos de omisión en el cumplimiento del deber y negligencia en el cumplimiento del deber’, indica el documento.

De otro lado, en el cuarto informe, en el que se investigaron posibles violaciones en los proyectos realizados en los municipios de Orocovis y Naranjito, se recomendó a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, investigar las actuaciones de Torres de Vargas, de la exdirectora de la Oficina de Desarrollo Comunitario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, la ingeniera María Burgos Hernández; así como al pasado gerente general del Programa de Comunidades Especiales del Departamento de la Vivienda, Magdiel Pérez González, por posibles omisiones en el cumplimiento del deber, negligencia en el cumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.

Además se refirió este informe a la Oficina del Contralor y del Panel del Fiscal Especial Independiente y se recomendó al gobernador, Luis Fortuño Burset, ordenar a los Secretarios de la Vivienda y de Transportación y Obras Públicas, así como al Coordinador General de la Oficina de Comunidades Especiales, a coordinar la conclusión de las obras pendientes en las Comunidades Especiales existentes en los municipios de Naranjito y Orocovis.

Según los hallazgos, Torres de Vargas, ‘como coordinadora de la Oficina de Comunidades Especiales fue negligente y no veló por los mejores intereses de la Comunidad Cacao al aceptar, a sabiendas, obras con vicios de construcción. Además, no veló por el buen uso de los Fondos del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, al permitir el pago de facturas por trabajos no realizados’.

Por su parte, la ingeniera María Burgos, como directora de la Oficina de Desarrollo Comunitario del Departamento de Transportación y Obras Públicas ‘fue negligente, y no veló por los mejores interés de las Comunidades Especiales del Municipio de Orocovis al conocer sobre irregularidades en la construcción de obras y no haber realizado ninguna gestión para corregir las mismas’.

Mientras que el arquitecto en entrenamiento, Magdiel Pérez González, como gerente general del Programa de Comunidades Especiales del Departamento de la Vivienda, ‘fue negligente, y no veló por el buen uso de los fondos del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, al permitir el pago de materiales de construcción a sobre precio’.