La juez Yazdel Ramos, del Centro Judicial de San Juan, encontró causa para arresto por violación a la Ley de Ética Gubernamental contra la ex ayudante de la Coordinadora de General de la Oficina de Comunidades Especiales, por obtener un vehículo del dueño de unos edificios que fueron alquilados por esa Oficina.

Así lo informó el miércoles el encargado de la investigación, el fiscal Rodolfo G. Ocasio Bravo, quien además informó que los cargos por infracciones a los artículos 3.2 (c), 3.3 (b) y 3.3 (c) de la Ley de Ética Gubernamental.

La jueza impuso a Luz Nereida Laboy Santos una fianza global de tres mil dólares. La vista preliminar quedó pautada para el 18 de junio.

Laboy Santos se desempeñaba como coordinadora auxiliar de la Administración y entre las funciones que realizaba en su puesto de confianza, se encontraba la de certificar todas las transacciones administrativas como pagos, compras y requisiciones, entre otras. En ocasiones también fungió como Administradora y Coordinadora Interina de Comunidades Especiales.

La pesquisa que realizaron las autoridades arrojó que para el periodo de octubre de 2001 a junio de 2006 la Oficina de Comunidades Especiales tenía contratos de arrendamiento con las corporaciones D.A.M. Corporation y Multisources Corporation, presididas por Ángel Álvarez Lau y era la imputada quien aprobaba la mayoría de los desembolsos por concepto de alquiler a estas compañías.

El 19 de octubre de 2001 Álvarez Lau adquirió una minivan para su uso personal. No obstante, Laboy Santos era quien utilizaba el auto e indicaba ser la dueña. En el 2006, el auto se traspasó a nombre del esposo de la imputada.

Los cargos presentados conllevan una pena de reclusión por un término fijo de un año o multa de dos mil dólares o ambas penas a discreción del Tribunal.

El asunto fue referido al Departamento de Justicia (DJ) por la Oficina de la Contralor de Puerto Rico y la investigación fue dirigida por el fiscal Ocasio Bravo, en colaboración con la agente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del DJ, Edna Cruz y la auditora de la Oficina del Contralor, Ivette Hernández Adorno.

Estos crímenes fueron detectados por los fiscales del DJ, como parte de la pesquisa que realizan las divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ en torno al Programa de Comunidades Especiales.

Por su parte, la representante Elizabeth Casado Irizarry, presidenta de la Comisión cameral que investiga las irregularidades en Comunicadas Especiales, dijo que en el 2008 se le informó al entonces secretario del Departamento de Justicia (DJ), Roberto Sánchez Ramos, sobre la posible comisión de delitos por parte de Laboy Santos.

‘Evidencia en su poder señala que la acusada conducía e identificaba como suya un vehículo registrado a nombre del presidente de DAM Corporation, Ángel Álvarez Lau, dueños del edificio en donde albergaban las oficinas de Comunidades Especiales. Laboy Santos, estuvo a cargo del área de contrato en Comunidades Especiales mientras se realizó el contrato por el cual se pagaba sobre 25,000 dólares mensuales’, señaló Casado Irizarry.

Además, dijo tener copia de un referido que le realizó la excoordinadora del Programa de Comunidades Especiales, Julia Torres, a Sánchez Ramos, en el que le informa sobre la posible comisión de delitos por parte de Laboy Santos.

‘El mismo (el referido) fue recibido en el DJ el 19 de febrero de 2008 y Sánchez Ramos lo engavetó’, sentenció la licenciada Casado Irizarry.

El coordinador general de la Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión (OFSA), José Giovanni Ojeda Rodríguez, se mostró complacido con la determinación de causa probable para arresto en contra de Laboy, ayudante especial de Linda Colón, pasada coordinadora general de la OFSA, bajo las administraciones de de Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá.

Ojeda Rodríguez indicó que durante este año se han realizado acusaciones a más de una decena de pasados funcionarios y contratistas por la malversación de fondos de las Comunidades y vaticinó muchas más.

El Coordinador General manifestó: ‘Cada vez que surge un nuevo hallazgo de la malversación de los fondos públicos destinados a ayudar a los menos aventajados, crece nuestra indignación y coraje. Nuestra Oficina continúa levantando evidencia sustancial que ha redundado en las acusaciones de más de una decena de funcionarios que participaron de este esquema y que habrán de responder a las autoridades. Estos hechos reivindican, de alguna forma, el trabajo arduo y desinteresado de nuestros Líderes Comunitarios y de la OFSA. Invito al pueblo puertorriqueño, particularmente, a nuestros Líderes Comunitarios, a rechazar esta práctica y expresar indignación en contra de los funcionarios que troncharon sueños y esperanzas de nuestra Gente, apropiándose de los fondos públicos dirigidos a mejorar su calidad de vida’.