La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez, enfrenta una orden de mandamus solicitada por dos legisladores municipales populares, quienes le imputan ocultar información de carácter público relacionada con el presupuesto durante el año fiscal 2011.

Así lo informó el viernes Roberto ‘Bobby’ Ramírez, candidato popular a alcalde en Cabo Rojo.

Ramírez adelantó que los legisladores municipales Evelyn Alicea González y Wilmer Morales Aymat, también solicitaron al Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que paralice la comparecencia de la alcaldesa ante la Legislatura Municipal el próximo lunes para dar su mensaje de situación fiscal, hasta que provea la información solicitada.

El aspirante explicó, citando la demanda de mandamus, que ‘a pesar de que los Legisladores municipales han dado cumplimiento con los trámites y requisitos exigidos en la Ley de Municipios Autónomos, la Alcaldesa demandada ha rehusado proveer copia del informe de Presupuesto de Gastos y Obligaciones al 30 de junio de 2011; documento que por disposición de ley tiene que prepararse para fines de auditoría, y para lo cual nuestro ordenamiento jurídico no le da discreción a la alcaldesa para negarle la información aludida’.

De otra parte, el candidato a alcalde del PPD dijo que los legisladores municipales populares han presentado solicitudes verbales y escritas a Rodríguez para que le provea el informe detallado de Presupuesto, Gastos y Obligaciones al 30 de junio de 2011, para poder estar bien informados del cuadro fiscal del Municipio y emitir su voto a favor o en contra de la aprobación del presupuesto municipal futuro.

Reiteró que ‘la alcaldesa ha venido acumulando déficits presupuestarios ascendentes a 9 millones de dólares durante los pasados cuatro años fiscales, lo que contrasta marcadamente con el superávit de 5.9 millones de dólares que tuvo el municipio en el año fiscal 2007, el último del fenecido alcalde San Padilla’.

Agregó que ‘la situación deficitaria provocada durante la incumbencia de Rodríguez ha sido comprobada por los estados financieros del auditor externo y los informes de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y otros presentados por la administración municipal caborrojeña y que fueron aprobados por la Legislatura Municipal’.