Ante la posibilidad de que dos personas actualmente acusadas en el Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico pudiesen ser ejecutadas al haberse certificado sus casos bajo el estatuto de pena de muerte federal, la Alianza Católica Puertorriqueña por la Vida y por la Patria, rechazó vehementemente el martes la aplicación de esta pena.

La Alianza fundamentó su oposición en las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica, la encíclica El Evangelio de la vida del beato Juan pablo II y en la evidencia científica sobre la ineficacia de esta práctica punitiva.

‘Fieles a los principios de la Iglesia Católica y sustentándonos en la realidad histórica que revela que la mayoría de los países del mundo han abolido la pena de muerte, tras comprender su ineficacia y reconocer tanto la falibilidad como la falta de equidad de los hombres al aplicarla, los puertorriqueños nos oponemos a una práctica tan contraria a nuestras costumbres y valores’, dijo la directora de la Alianza, Joanne M. Rodríguez Veve.

La posición de la Alianza surge en reacción al caso de Edison Burgos Montes, en el Tribunal Federal en Puerto Rico, quien podría enfrentar la pena de muerte por asesinar y desaparecer a su novia y confidente de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés). El lunes inició el proceso de selección del jurado ante el juez Jay A. García Gregory.

‘Al hacer estas declaraciones nos amparan el Catecismo de la Iglesia Católica, el cual proclama: ‘si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana», agregó.

Por otro lado, Rodríguez Veve indicó que las palabras del beato Juan Pablo II, quien en su encíclica El Evangelio de la Vida, manifestó que ‘entre los signos de esperanza se da también el incremento… del rechazo cada vez más difundido en la opinión pública a la pena de muerte, incluso como instrumento de legítima defensa social, al considerar las posibilidades con las que cuenta una sociedad moderna para reprimir eficazmente el crimen de modo que, neutralizando a quien lo ha cometido, no se le prive definitivamente de la posibilidad de redimirse’.