El exgobernador Carlos Romero Barceló intentó, sin éxito, sacar a los tres jueces del Tribunal Supremo nombrados por gobernadores estadolibristas de la consideración de un caso ‘todos estrellas’ en el que litiga como abogado contra el también exgobernador Rafael Hernández Colón.

El episodio es el más reciente giro en el controvertible caso de Ramón Cacho Pérez contra Robert Hatton Gotay, un caso civil con manifestaciones criminales en el que Cacho obtuvo una sentencia de $12 millones a su favor, que ahora Hatton intenta revocar. En 2010 a Cacho y su hijo se le presentaron cargos criminales relacionados con el trámite de la hipoteca que está al centro del caso civil.

Romero Barceló es abogado de Hatton, junto con el exjuez asociado del Supremo, y exmonitor de la Policía, Efraín Rivera Pérez, así como Luis Berríos Amadeo, ayudante del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico.

Cacho, por su parte, tiene en su esquina a Hernández Colón, entre otros abogados. Si Romero Barceló saca a los tres estadolibristas, el caso queda en manos de los seis jueces que ha nombrado el gobernador Luis Fortuño.

Fue la jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez la que le firmó el ‘no ha lugar’ a Romero menos de 24 horas después de que radicara la moción, con una indicación de que repasara la regla de procedimiento civil que dice que la impugnación de un juez debe presentarse dentro de los 20 días siguientes a que el abogada se enterara del fundamento de la impugnación.

Romero Barceló basó su moción en hechos históricos que se remintan a décadas. A saber, dijo contra el Juez Presidente Federico Hernández Denton que Hernández Colón lo nombró en 1973 secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, que en 1980 fue su director de campaña y su representante en el recuento de votos de Valencia, y que fue el que lo nombró juez en 1985. También que Hernández Denton fue el presidente del ‘Consejo Asesor de la Comisión de lo Jurídico del Senado durante la época de las viciosas, maliciosas, perversas y calumniosas vistas del Cerro Maravilla, donde protegidos por el manto de la inmunidad legislativa, el liderato del Partido Popular llevó a cabo la más falsa y calumniosa campaña que se haya perpetrado contra un Gobernador de Puerto Rico’.

En cuanto a Rodríguez Rodríguez, le señaló que su entonces esposo fue nombrado por Hernández Colón secretario de Justicia en 1973, y que luego la nombró a ella misma Procuradora General.

De la jueza asociada Liana Fiol Matta dijo que Hernández Colón la nombró asesora en 1988, y luego jueza de apelaciones.

El exgobernador planteó en su moción que asumió que, por todas estas relaciones, los jueces ‘se inhibirían motu propio sin que nadie tuviera que solicitarlo’.

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