El representante popular Charlie Hernández anunció el martes la radicación de la Resolución de la Cámara 1955 para se investigue el efecto que tuvo la implementación de la Ley 208 de 29 de diciembre de 2009 que redujo la condena carcelaria a miles de confinados puertorriqueños sin constatar si se habían rehabilitado y podían reintegrarse a la libre comunidad.

La referida ley redujo retroactivamente por 361 días la condena carcelaria a miles de confinados y permite que el confinado pueda reducir su sentencia hasta 84 días al año.

‘Este generoso regalo de la administración Fortuño a los confinados de Puerto Rico se realizó sin que se constatara si éstos habían cumplido los más mínimos parámetros de rehabilitación y sin evaluar la peligrosidad social que representaba para el país que los liberaran prematuramente’, reclamó Hernández.

‘Obviamente, el país necesita saber los nombres y los delitos cometidos por los beneficiados por esta legislación. También debemos estudiar si el incremento desproporcionado en la criminalidad que hemos vividos en los últimos años está relacionado a la liberación prematura e irresponsable de miles de confinados no rehabilitados’, indicó el representante.

Datos oficiales demuestran que durante los últimos tres años la población carcelaria se ha reducido cerca de diez por ciento y el procesamiento criminal de casos en los tribunales se ha reducido en más de 25 por ciento.

‘Es decir, este gobierno no arresta a los criminales, y si los arresta no los procesa, si los procesa salen absueltos y si no salen absueltos los libera prematuramente de la cárcel. Sin embargo, mantiene falsamente una retórica de mano dura reclamando que quiere que el confinado ‘se pudra en la cárcel’. Evidentemente, una cosa es lo que dice el gobierno Fortuño y otra muy distinta es lo que hace’, denunció.

De conformidad con la Ley 208 de la actual administración: por una sentencia de un año, el confinado cumple sólo diez meses; por una sentencia de cinco años, el confinado cumple sólo tres años y 11 meses; por una sentencia de diez años, el confinado cumple sólo siete años y nueve meses; y por una sentencia de 20 años, el confinado cumpliría sólo 15 años y seis meses.

‘Esta legislación obviamente representa una burla a la ciudadanía y envía un peligroso mensaje de impunidad que lesiona la confianza en nuestro sistema criminal’, concluyó Hernández.