La controversia por el abusivo ‘ajuste por combustible’ que cobra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) llegó al Tribunal Federal mediante una demanda en la que se le pide a la Corte que convierta el pleito en uno de clase, que declare inconstitucional el cobro de ese cargo, y que decida si la AEE violenta leyes federales antimonopolísticas.

La teoría del caso es que el esquema de subsidios que mantiene la AEE, y que son parte de lo que se cobra a los abonados en el cargo de ‘ajuste por combustible’, representa un impuesto no autorizado; es inconsticional porque obliga a los abonados a apoyar indirectamente el trabajo de iglesias y otros grupos sociales; y es monopolístico porque establece distintas tarifas a distintos públicos por lo que es un mismo bien: la energía eléctrica, que solo se puede adquirir a través de la agencia pública.

El pleito está radicado por un empleado del sector financiero, Duamel Santiago Ramos, y por la entidad Caribbean Economic Council, pero, si el tribunal permite que el pleito sea de clase, los demandantes serían todos los 1.8 abonados de la AEE. Los demandados son la AEE y Marimar Pérez Riera como presidenta de la Junta de Gobierno de la AEE. El juez José A. Fusté quedó encargado del pleito y los abogados son Ramón Rivera Iturbe, Ricardo Izurrieta y Lorenzo Palomares.

Entre los datos que se incluyen para sustentar las alegaciones están que los abonados en la Isla pagan hasta tres veces más el kilovatio hora que el abonado promedio en los Estados Unidos. También, desglosaron que en el ‘ajuste por combustible’ obligan a pagar los siguientes subsidios: $190.4 millones de los municipios, $29.6 millones por ‘servicios residenciales’: , $3.5 millones por iglesias y otras entidades sin fines de lucro, $6.5 millones por turismo, $18.1 millones por subsidios a residenciales públicos, $9.8 millones para industrias, $15 millones para incentivos económicos, $1.8 millones para agricultura, y $90 millones para la energía eléctrica de escuelas.

La demanda califica el ‘ajuste por combustible’ como ‘caprichoso, arbitrario, y depredador’.

‘En 2009 la AEE otorgó créditos, como sustituto de impuestos, (a los municipios) por $224,792,000.00, y cobró a sus abonados esa suma como parte del ajuste por combustible, que en 2009 representó el 73% de los ingresos de la AEE. Esta adjudicación de crédito en vez de impuestos, es un tipo de impuesto que se le imputa a los abonados de la AEE sin autorización’, indicaron al apuntar que la AEE está, de manera escondida en el ajuste por combustible, realizando transacciones contributivas que no están autorizadas por ley.

Los reclamos son: que se certifique el pleito como uno de clase, que se repaguen los daños causados a los abonados mediante los créditos y subsidios a iglesias y otros beneficiados, que se establezca un fondo para restituir a las víctimas, y que se le ordene a la AEE dejar de otorgar trato preferencial a ciertos clientes mediante el esquema de subsidios.

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