El esquema por el que se declararán culpables es de inflar facturas de suplidores para lucrarse a través de una red de empresas.

Los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi Isern aceptaron a las autoridades federales que, junto con un tercero y a través de la estructura de su compañía administradora de complejos de residencia pública, ejecutaron un esquema para lucrarse personalmente en casi $4 millones.

El mecanismo, confirmó NotiCel, fue inflar facturas de suplidores que supuestamente prestaban servicios a la empresa American Management and Administration Corporation (AMAC). Los suplidores no eran entes independientes, sino que estaban relacionados o bajo el control de los tres individuos acusados y le hacían pagos a estos para su lucro personal. En total, el acuerdo cubre el robo de $3.7 millones mediante este método.

Inicialmente, una fuente colocó el origen de esta investigación en la cooperación de John Blakeman Ortiz, exadministrador de Vivienda Pública bajo el gobernador Pedro Rosselló González, como testigo de fiscalía, pero se corroboró que ese no fue el origen.

Las autoridades ejecutaron allanamiento en octubre de 2022 en la oficina de AMAC que también es la del bufete de Walter, Pierluisi Isern Law Office PSC. Entre allanamiento y aceptación de culpa hay unos seis meses, un periodo relativamente rápido para lo que han sido otros casos de corrupción.

La información que abarca el caso criminal que oficialmente se develará el jueves ante la jueza federal Camille Vélez Rivé es resultado de una negociación. Esto implica que la conducta delictiva fue mayor, o también que se pudieron cometer otros delitos, pero los cargos se limitan a lo que los fiscales y abogados negociaron. En este caso, los implicados aceptarán culpa por el delito de robo de fondos federales. NotiCel supo que, además de ese cargo, enfrentan confiscación de bienes por el valor de lo robado, o casi $4 millones.

Este tipo de arreglo, en el que el acusado renuncia a su derecho de que un gran jurado emita acusación formal, para optar por declararse culpable solo mediante una querella directa de fiscalía, apunta, además, a que el acusado estaría cooperando con el gobierno. Esta cooperación puede ser para el procesamiento expedito de sus propios actos criminales y también para delatar a otras personas y esquemas de los que tengan conocimiento. Mediante los Pierluisi Isern, las autoridades federales ganan acceso a las interioridades de las campañas políticas de su primo, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, desde la primera de estas en 2008 para la comisaría residente. Los Pierluisi Isern eran colaboradores del círculo interior en las campañas de su primo aunque, cuando ocurrió el allanamiento, éste intentó crear distancia llamándolos “primos terceros”.

Un ejemplo de elementos que pueden estar negociados es que AMAC está en operación y con contratos de gobierno desde 1995, pero la conducta delictiva solo se está tomando en cuenta desde el 2014, aunque aparenta haber sido un esquema continuo.

Además de los primos del Gobernador, se declarará culpable David Vélez Hernández, el director de Finanzas de AMAC. Walter, dueño y presidente de la empresa, aceptó lucro ilegal por unos $2 millones. Vélez Hernández aceptó lucro por casi $900,000, mientras que Eduardo, empleado de AMAC, lo aceptó por casi $400,000, supo NotiCel.

El paso a paso del esquema fue que existían dos empresas sobre las cuales los acusados tenían control indirecto que eran suplidores de AMAC. Como parte de su contrato con el gobierno, AMAC sometía las facturas de sus suplidores, que estaban infladas. Entonces, esas dos empresas, le devolvían dinero a los acusados por distintas vías: pagos a otras empresas que los acusados controlaban, cheques a nombre de terceros que los acusados cambiaban y se quedaban con el dinero o tarjetas de débito que se le daban a los acusados para que sacaran dinero directamente de las cuentas de los suplidores. Además del robo de fondos, esta madeja de conflictos de interés entre AMAC y los suplidores estaba prohibido en el contrato de AMAC.

Tan solo entre 2010 y 2022, cuando la Administración Pierluisi canceló el contrato de AMAC después de que las autoridades federales realizaran el allanamiento, la empresa tuvo a su cargo $73 millones en fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) para administrar 5,017 unidades de vivienda pública en 12 municipios. Un resultado del caso podría ser que a AMAC y a los tres acusados a título personal se les prohíba tener contratos con HUD el resto de sus vidas.

Vea:

Primos de Pierluisi llegan a acuerdo para declararse culpables