Dueña de compañía administradora del CDT de Cataño enfrenta cargos de fraude en proceso de quiebra, lavado de dinero, fraude bancario y fraude con el PPP.

VIP Healthcare Solutions, Inc., empresa administradora del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) Job Andújar y el Grupo Médico Primario de Cataño, su presidenta y su tesorera enfrentan cargos criminales federales en un caso relacionado al esquema de soborno que tenía el cabildero Oscar Santamaría Torres con el exalcalde de Cataño, Félix Daniel “El Cano” Delgado Montalvo.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico hizo el anuncio hoy, aunque VIP Healthcare estaba en remojo desde fines de 2021, cuando figuró en la denuncia contra Santamaría Torres como una de las empresas a favor de las que sobornó al convicto exalcalde.

Santamaría Torres no aparece formalmente vinculado a VIP Healthcare, pero en las declaraciones que hizo tras declararse culpable confirmó que había tenido “ganancias” de esa empresa y de otra, Island Builders. “Deseo hacer constar que sus directivos estuvieron ajenos a cualquier acción indebida de mi parte”, añadió. Más recientemente, el contratista convicto Mario Villegas Vargas, sentenciado a 46 meses por sobornar a Delgado Montalvo, dijo en una moción que Santamaría Torres tenía un club de comerciantes y profesionales que le daban dinero para que les asegurara contratos en municipios.

Según un comunicado de fiscalía federal, la presidenta de VIP Healthcare, Ivelisse Rivera Padilla, enfrenta cargos de fraude en procesos de quiebra (falsa representación, ocultar activos y declaraciones falsas), fraude bancario, fraude con el Programa de Protección de Nómina (PPP en inglés) y lavado de dinero por hechos ocurridos entre marzo de 2017 y mayo de 2022.

Se alega que, durante su proceso de quiebra personal, Rivera Padilla ocultó al tribunal y al síndico la creación, operación y sus intereses en VIP Healthcare. La mujer incorporó la empresa el 23 de junio de 2017 y siete días después, Delgado Montalvo le suscribió un contrato con el municipio de $1.1 millones pagaderos en plazos de $189,000. Hubo contratos adicionales con el gobierno municipal que sumaron $9 millones.

“Rivera Padilla tuvo acceso, controló y usó sobre $1 millón de estos ingresos en las cuentas de VIP Healthcare para su uso y disfrute personal sin divulgar dichos ingresos durante su proceso de quiebra”, plantea el comunicado.

El pliego acusatorio alega que Rivera Padilla encubrió la compra de un apartamento en el condominio Crescent Beach de Palmas del Mar por $360,000, un apartamento en el condominio Golf & Playa de Cabo Rojo por $270,000 y la compra de un terreno de 2,159 metros cuadrados en el Rainforest and Sea View Resort de Luquillo por $275,000. Encubrió también la creación y participación en otra entidad, Farmacia Libertad, así como ingresos por alquileres a corto plazo en AirBnB. Además, una sortija Cartier de $16,000 y otros artículos personales.

La presidenta de VIP Healthcare y su tesorera, Carla Carrillo Torres, enfrentan 28 cargos de lavado de dinero basados en transacciones que hicieron con estos fondos que no se habían reportado a la quiebra. Las compras de propiedades se adjudican a ambas acusadas. Además, Carrillo Torres y la empresa enfrentan cargos por hacer declaraciones falsas con relación a un préstamo PPP de $249,755.35.

De resultar convictas, Carrillo Torres enfrenta hasta 30 años de cárcel y multa de hasta $1 millón, mientras que Rivera Padilla enfrenta hasta 10 años de prisión. A la empresa se le pueden imponer multas.

Joseph González, director de la oficina de San Juan del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), resaltó que a las acusadas se les habían dado “numerosas oportunidades para hacer lo correcto” durante la investigación. “El mensaje del FBI ha sido claro desde el día uno. Vengan a nosotros antes de que tengamos que ir por ustedes”, añadió.

El jefe de fiscales federales, W. Stephen Muldrow, y la síndico Mary Ida Townson enmarcaron el caso también en los esfuerzos coordinados para combatir el fraude con fondos federales por la pandemia del covid y en las investigaciones sobre actos criminales en procedimientos de quiebra.

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