El coordinador detrás del «Super PAC» Salvemos a Puerto Rico, Inc., quien hizo campaña en contra de los contrincantes del Gobernador en las primarias y las elecciones generales, se declaró culpable mediante querella que implica a otros allegados de Pedro Pierluisi.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico presentó hoy una querella criminal que describe un esquema ilegal, en el que participaron varias personas, para financiar al grupo de acción política Salvemos a Puerto Rico, Inc., que hizo campaña en contra de los contrincantes del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia tanto en la primaria como en las elecciones generales de 2020.

Los hechos están expuestos en una querella mediante la que se declaró culpable uno de los participantes, el presidente y tesorero de SAPR, Joseph Fuentes Fernández, y mediante los acuerdos de culpabilidad tanto de Fuentes Fernández como de SAPR, que también fue objeto de querella criminal. No se especifica que Fuentes Fernández esté cooperando pero se consigna que «admitió su involucración en el esquema a los investigadores antes de radicar los reportes de la FEC concerniente a los donativos de octubre 2020 y noviembre 2020» y que parte de la evidencia son mensajes de texto que intercambiaron los participantes del esquema.

Los documentos oficiales describen a otros involucrados, que no están acusados. Resalta que hace referencia a «Oficial Público 1» descrito como un «oficial público electo en la rama ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico» y que SAPR fue «organizada primordialmente para apoyar la campaña eleccionaria de 2020 del Oficial Público 1». Los anuncios de SAPR hacían esto no mediante pedir directamente el voto a favor de Pierluisi Urrutia sino mediante resaltar lo que consideraban eran cualidades negativas de sus contrincantes.

Las otras personas descritas son «Individuo 1» que es «un asociado del Oficial Público 1 y recaudador significativo de fondos que buscaba donativos en apoyo a la campaña eleccionaria de 2020 del Oficial Público 1».

El «Individuo 2» es secretario de las entidades sin fines de lucro 1 (Fundación Pro Igualdad, Inc.) y sin fines de lucro 2 (Foundation For Progress, Inc.). Según los récords de esas corporaciones, así como el pleito que hubo cuando el Departamento de Estado canceló sus certificados corporativos como parte de la primaria de Pierluisi Urrutia contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, las fundaciones no tienen un «secretario» y la única persona, además de Fuentes Fernández, que aparece vinculada en distintos roles con las entidades es el exdirector de la Autoridad de los Puertos, Álvaro Pilar Vilagrán.

El «Individuo 3» se describe como un «consultor y abogado».

SAPR está incorporada en Virginia desde 2016 y su filial en Puerto Rico desde el 24 de junio de 2020. La filial de Puerto Rico tiene como agente residente a Roberto Cacho, un desarrollador que es amigo personal de Pierluisi Urrutia.

El esquema consistió en que se encubría, a propósito, la identidad real de los donantes de SAPR porque se les instruía a pasar el dinero a las dos organizaciones sin fines de lucro, que no tienen obligación de reportar sus donantes a la Comisión Federal de Elecciones (FEC), y entonces esas dos entidades pasaban el dinero a SAPR quedando ellas como el origen de ese dinero, en vez de las empresas e individuos iniciales.

En su documento de aceptación de culpa, Fuentes Fernández admite que obstruyó la justicia cuando, entre mayo de 2021 y diciembre de 2021, «divulgó información confidencial sobre la existencia de esta investigación federal a un objetivo de la investigación y entonces hizo declaraciones falsas a los investigadores sobre esas divulgaciones».

El propósito de mantener el anonimato, además de desembocar en un caso criminal, se frustró porque la fiscalía federal reveló los nombres.

Los donativos incluidos en el esquema, según la alegación de culpa que hizo SAPR, suman $605,000 y vienen de: Northshore Management Corp. ($25,000), Essential Insurance Services Inc. ($200,000), AP Engineering Inc. ($94,200), LAS Enterprises Inc. ($15,000), JAAP LLC ($75,800), Alejandro Brito Zubizarreta ($50,000), Arturo Diaz Angueira ($20,000), BAE FE LLC ($50,000), National Guard Exchange Military Store ($50,000), y Little Pictures ($25,000).

Northshore es una empresa del desarrollador Federico Stubbe; Essential ha tenido contratos públicos desde 2010 y que tiene como presidenta a Luvián Rodríguez Robles y como tesorero a Marc S. Tacher Diaz, un empresario que en la primaria apoyó a Vázquez Garced; LAS tiene como presidenta a Lizzette Santiago; Brito Zubizarreta es oficial de varias empresas de construcción, incluyendo BAE FE LLC, ABZCO LLC y Brito Development Group; el licenciado Diaz Angueira es un exmagistrado federal que, a través de Díaz & Vázquez Law Firm tiene contratos públicos con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; y Little Pictures es del productor de cine Luis «Luillo» Ruiz, cuya vinculación principal con el gobierno es en la búsqueda de créditos contributivos para producciones de cine y que en la primaria dio un donativo a Vázquez Garced y menos de tres semanas después consiguió estar en La Fortaleza para cabildear créditos por $25 millones.

Hasta ahora, ninguno de los donantes enfrenta acusaciones criminales, pero en el procesamiento del exgobernador, Aníbal Acevedo Vilá, algunos de los donantes involucrados en el esquema de donativos que era eje de los cargos que se le presentaron, y que no prosperaron, enfrentaron procesamiento o pagaron multas. En este caso, debido a que SAPR está bajo la jurisdicción de la FEC, el procesamiento por irregularidades en los donativos sería de ese ente y no del Contralor Electoral.

Además de los donativos que venían de las dos organizaciones sin fines de lucro que son parte del esquema criminal, los récords de la FEC detallan que SAPR recibió donativos también de Thriving Investments LLC, The Garfer Group of Legal Advisors LLC y G Capital Investment Group Inc. (ambas entidades del extesorero del Partido Nuevo Progresista, Jerome Garfer), Jobs & Opportunity, International Union of Painters and Allied Traders AFL-CIO, Bancredito Holding (banco venezolano con sede en Puerto Rico), Andrew J. Vargas, Jesús M. Suárez, Jonathan M. Perlman, Glenn D. Moses, Michael D. Joblove, John H. Genovese, John Arrastia Jr., y Héctor Hoyos.

La vista de declaración de culpabilidad de Fuentes Fernández está pautada para mañana, a las 9:00 am ante el juez Joseph LaPlante, el juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de New Hampshire, y quien en el pasado ha intervenido para atender casos para los que los jueces de Puerto Rico se inhiben.

Para ver la querella, pulse aquí.

Para ver la declaración de culpabilidad de Fuentes Fernández, pulse aquí.

Para ver la declaración de culpabilidad de SAPR, pulse aquí.

Vea:

Corporaciones que donaron a Salvemos a Puerto Rico se registraron ilegalmente

Súper Pacs y campañas en redes 2020: las mil y una formas de burlar la fiscalización

Juez ordena restaurar el registro de dos entidades que hicieron campaña contra Wanda Vázquez