El caso de corrupción por el que se declaró culpable el exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, revela un giro nuevo en el esquema de corrupción que orquestó el contratista Oscar Santamaría Torres.

Cuando anunció en 2015 que no iba a la reelección para los comicios de 2016, el exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, dijo que abriría un gimnasio y que asesoraría gratis a quien se lo pidiera.

Ayer se reveló otra parte de ese plan: asegurarse un pago mensual, prácticamente igual al salario que tenía como alcalde, que venía del contratista a quien le había suscrito un acuerdo para que recogiera la basura en el municipio por 10 años.

Arroyo Chiqués se convirtió ayer en el tercer político, primero del Partido Popular Democrático (PPD), que cae en el operativo de las autoridades federales que gira alrededor de la cooperación del exzar de los contratos de recogido de basura en los municipios, Oscar Javier Santamaría Torres, dueño de la empresa Waste Collection Corp. (WC).

El exalcalde optó por el trato amable que ha ofrecido la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico a los políticos que aceptaron los sobornos que eran la base del negocio de Santamaría Torres. Ayer se le presentó una denuncia y ayer mismo acudió al tribunal a declararse culpable, evitando así el arresto de madrugada que sufrió la semana pasada el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero.

Y, aunque la denuncia presenta unos hechos que ya se han convertido en familiares por ser el ‘modus operandi’ de Santamaría Torres, un detalle resalta y abre posibilidades sobre quiénes pueden ser otros exfuncionarios implicados en el esquema. Arroyo Chiqués le firmó el contrato a WC en 2016, su último año en el ayuntamiento, pero no comenzó a recibir los $5,000 mensuales de soborno hasta principios de 2017, cuando ya había vencido su término y cuando se supone que estaba en las de abrir un gimnasio y asesorar gratis.

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El pago, según la denuncia, lo recibió hasta junio de 2021, para un total aproximado de $265,000. Los documentos disponibles hasta ahora para el caso no detallan que el acuerdo del pago de comisión ilegal se mantendría durante toda la vigencia del contrato, pero los pagos mensuales se mantuvieron por cuatro años y medio sin que se diga por qué no siguieron después de verano. Ya para verano Santamaría Torres estaba cooperando con las autoridades y grabando la entrega de los pagos ilegales.

Entre el comunicado de fiscalía federal y la denuncia formal hay una discrepancia porque el primero dice que los pagos comenzaron en 2016 y el segundo dice que desde principios de 2017. El acuerdo de aceptación de culpa no estaba disponible anoche.

Según la Oficina del Contralor, WC tiene 15 contratos vigentes cuyo vencimiento es del 2022 en adelante. Todavía ninguno tiene anotación de haber sido cancelado y trece son de largo alcance, que sobrepasan un cuatrienio. Con Yauco es del 2018 al 2048, Cataño de 2017 a 2030, Aguas Buenas de 2016 a 2026, San Germán de 2021 a 2028, Naguabo de 2015 a 2027, Toa Baja de 2018 a 2025, Trujillo Alto de 2017 a 2024, Arecibo uno de 2018 a 2023 y otro de 2017 a 2022 y Patillas de 2017 a 2022.

Otro ejemplo de ese tipo de acuerdo, aunque está cancelado desde julio pasado, es el contrato de WC con el municipio de Cidra, donde el exalcalde y actual asesor de Fortaleza, Javier Carrasquillo Cruz, decidió extender la vigencia del contrato hasta el 2031 mediante una enmienda que firmó dos semanas después de perder las elecciones en noviembre de 2020 y a pesar de que no había necesidad de enmendarlo en ese momento porque al contrato todavía le quedaba vigencia hasta febrero de 2021.

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Como sucedió con el vicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona, acusado de recibir $17,250 mensuales por extender el contrato de recogido de basura en esa ciudad a WC, la denuncia de Arroyo Chiqués da datos que indican que el intermediario de Santamaría Torres fue Raymond Rodríguez Santos, codueño de J.R. Asphalt, una compañía que recibía dinero de WC como un suplidor.

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Tomados en conjunto, el caso de Benítez Cardona y el de Arroyo Chiqués sugieren que, al menos para municipios populares, la estrategia de Santamaría Torres era usar a Rodríguez Santos de intermediario.

Arroyo Chiqués se expone a una sentencia de hasta cinco años de cárcel, que es el estándard para los que deciden admitir culpa en el esquema antes de que salgan a arrestarlos.

Mira la denuncia: