Alega que la controversia se tornó académica ante la decisión del gobierno de reabrir alrededor de 88 de estos espacios próximamente.

El Departamento de Justicia solicitó al juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, que desestime la demanda incoada contra el Departamento de Educación (DE) por un grupo de estudiantes del sistema de enseñanza público y organizaciones sin fines del lucro, que reclamaba la reapertura de los comedores escolares.

En la demanda, los estudiantes, sus familias y las organizaciones comunitarias argumentaron que la agencia faltaba a su deber ministerial de alimentar a los estudiantes al cerrar los comedores escolares durante la pandemia del coronavirus y delegar la confección y repartición de alimentos a organizaciones independientes.

Señalaron que por disposición del Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos en Puerto Rico, firmado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced el 18 de agosto de 2019, correspondía al DE “garantizar la seguridad alimentaria de la población durante situaciones de emergencia.”

Apuntaron también que por mandato de la Ley federal de Comedores Escolares la agencia tenía la obligación de proveer alimentos a los estudiantes participantes del programa de comedores escolares “en aquellas circunstancias en que haya habido cierres no anticipados como el que ha ocurrido por la emergencia del COVID-19.”

Por no cumplir ese deber impuesto por disposición de ley, solicitaron al tribunal que emitiera una orden para obligar al Departamento de Educación a cumplir con dicha obligación de alimentar a los estudiantes en momentos en que muchas familias enfrentan condiciones de precariedad debido a la crisis económica, que creó la emergencia de salud pública.

Pero en su respuesta, el Departamento de Justicia -en representación legal de la agencia- refutó esta alegación. Al pedir la desestimación de la causa, Justicia aseguró que las demandantes “no demostraron de dónde emanaba el deber ministerial que alegan existe y obliga al Estado y al Departamento de Educación a abrir los comedores”.

“El requisito fundamental para expedir el recurso de mandamus reside, pues, en la constancia de un deber claramente definido que debe ser ejecutado. Es decir, ‘la ley no sólo debe autorizar, sino exigir la acción requerida’”, planteó Justicia, representado por la secretaria Dennise N. Longo Quiñones, Wandymar Burgos Vargas, secretaria Auxiliar de lo Civil y Antonio M. Cintrón Almodóvar, director de Asuntos Legales, entre otros funcionarios.

Señaló también que la demanda se había tornado académica ante el anuncio de la gobernadora Wanda Vázquez Garced que se abrirán los comedores escolares para la confección de alimentos, que serán distribuidos por empleados municipales.

Ayer, el Departamento de Educación explicó que pretende abrir al menos 88 espacios para confeccionar comida proveniente de sus almacenes, que podrían ser comedores escolares, autoridades independientes o centros Head Start. Pero quedará en manos de los municipios la distribución de esos alimentos.

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