Solicitó que se desestime la petición del Departamento de Justicia.

La delegada congresional Elizabeth Torres Rodríguez, quien es objeto hoy de una vista judicial porque el Departamento de Justicia está solicitando su destitución del cargo, argumentó al tribunal que debe mantener manos afuera de la controversia porque se trata de una «cuestión política».

«Cuestión política» se refiere a un conjunto de circunstancias en las que el Tribunal Supremo ha establecido que las controversias no son objeto de su jurisdicción porque la Constitución establece que deben decidirla otras ramas de gobierno, porque no es susceptible de ser adjudicada o ejercida con las herramientas del tribunal o por prudencia.

La semana pasada, Justicia pidió la destitución de Torres Rodríguez por entender que no ha cumplido con los dos requisitos que le impone la Ley de la Delegación Congresional, someter informes de su gestión y estar en el Congreso exigiendo a sus miembros que conviertan a la isla en un estado.

Si el juez superior Anthony Cuevas Ramos entiende que puede entrar a dirimir la solicitud de Justicia, entonces la posición de la delegada es que sea mediante un proceso ordinario que permita el descubrimiento de prueba, en vez del proceso extraordinario que activó Justicia.

Torres Rodríguez también pidió al juez que la vista de esta tarde sea presencial y abierta al público, en vez de virtual. La delegada congresional compareció mediante un escrito suscrito por el exfiscal Michael Corona Muñoz.

«[E]sta demanda obedece a intereses políticos de sectores del Partido Demócrata nacional en el Partido Nuevo Progresista que quieren disponer del escaño de la demandada y los fondos públicos, ya que conocen que las expresiones de la delegada obedecen a las posturas del partido republicano nacional, con las cuales no concuerdan. Es un claro intento político de acallar las posturas republicanas dentro del movimiento estadista», concluye la respuesta formal de Torres Rodríguez.

«El Secretario de Justicia, licenciado Domingo Emanuelli, comparece dizque en representación de algo que él llama ‘Gobierno de Puerto Rico'», resaltó Corona Muñoz al observar que esa entidad no existe para efectos legales y que lo que tiene reconocimiento para demandar y ser demandado es el Estado Libre Asociado.

El escrito subraya elementos que el tribunal tendría que definir por primera vez sobre la ley que se creó a fines de 2020 y que ya produjo el año pasado la controversia sobre si el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares cumplía con los requisitos para ser electo delegado como, en efecto, ocurrió y eventualmemte permitió el tribunal.

Por ejemplo, en cuanto a los informes, el abogado argumenta que la delegada los ha sometido y que la ley no define un formato específico para someterlos. En el primer informe, Torres Rodríguez pidió al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que disolviera la delegación, planteó que la estadidad no se lograría con las tácticas usadas hasta ahora y acusó de corrupción al Gobernador, al Partido Nuevo Progresista y a su secretario, el senador Carmelo Ríos Santiago.

«Lo que está en juego aquí es el contenido de sus expresiones como representante que el votante eligió, es decir, se quiere coartar su derecho a la libre expresión garantizada por la Primera Enmienda Constitución de los Estados Unidos de América y la Constitución de Puerto Rico… creer en la estadidad no conlleva estar de acuerdo con el método o estrategia de algunos para exigirla», se plantea en el escrito.

Sobre estar físicamente en la capital federal para exigir personalmente a los congresistas que reconozcan los resultados de los plebiscitos a favor de la estadidad, el abogado argumenta que la ley no define abogar por la estadidad exclusivamente como estar presente en Washington DC ni define la forma de hacer ese reclamo de ninguna manera, además de que asegura que la delegada sí ha viajado al Congreso como parte de sus funciones.

«[N]o presentarse físicamente al Congreso de los Estados Unidos a tomarse fotos y poner pancartas, alegadamente constituye incumplir los deberes que le Ley define. (Esto) puede ser un argumento político en el foro público y político, pero no es la Ley», acotó.

Vea:

Para Justicia sería «absurdo» mantener a Elizabeth Torres como delegada