En un magistral guiño al Tartufo de Moliere, el arzobispo de San Juan, Roberto Octavio González Nieves, mueve sus alfiles para vender el edificio que ocupa el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en el Viejo San Juan. Con los dineros que obtenga por lo que son, sin dudas, unas tierras privilegiadas y una estructura de gran valor histórico, el Arzobispo intenta salir -no digamos airoso- de su propia obra de teatro en la que representa a una Iglesia en bancarrota que rehúsa pagar justas y debidas pensiones a sus propios maestros.

El último de los actos -en esta saga tartufiana- había terminado con la Iglesia en el Tribunal de Quiebras negándose a publicar sus informes financieros. De momento, en un giro de guión y en un movimiento de tablero, las luces anuncian que hay jaque sobre una de las instituciones educativas más paradigmáticas del país. Antes de caer deslumbrados y asumir posturas defensivas (como podría ser pagar el rescate), debemos respondernos: ¿Es el Arzobispo legítimo propietario de las tierras y estructuras que pretende vender? ¿No obtuvo acaso la Iglesia estas tierras como producto del expolio al que fuimos sometidos por parte del colonizador español? ¿Las estructuras que hoy reclama como suyas, fueron costeadas con dinero de la Iglesia o con dinero público?

Soy egresada del programa doctoral de Historia del Centro de Estudios Avanzados. Allí aprendí que en el pasado es posible encontrar respuestas a conflictos modernos. Resulta que en octubre de 1898, el gobierno de la Isla expropió una increíble cantidad de bienes de la Iglesia tasados, por aquellos años, en más de $3 millones. Las incautaciones afectaron todas las propiedades que pertenecían a las órdenes de los dominicos y los franciscanos, como el convento Santo Domingo (hoy iglesia San Jose); el San Francisco; el cuartel del Ballajá con lotes adyacentes; el Manicomio Insular (hoy Escuela de Artes Plásticas) y la plaza del Mercado, todos en el Viejo San Juan. Tambien incluyeron sesenta acres de terrenos en la Parada 19, en Santurce, así como ‘multitud de bienes que poseían los dominicos en San Germán consistentes en fincas urbanas y rústicas, de no escaso valor, y un gran número de capitales impuestos a censo y tributo que les producían cuantiosas rentas’. Mientras que a la Iglesia Católica de Ponce (hoy catedral), se le impuso una renta mensual de $100 por estar erigida sobre terrenos públicos.

La Iglesia, como es de esperar, activó su artillería pesada y fue en contra del Pueblo de Puerto Rico en varios casos que llegaron incluso al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Gracias a la información vertida en esos documentos públicos sabemos ahora que la mayoría de esos terrenos fueron ‘cedidos’ a los dominicos y franciscanos por el invasor Juan Ponce de León quien a su vez se los ‘expropió’ violentamente a nuestros aborígenes; que la Iglesia ‘extravió’ los títulos de propiedad que le extendió Juan Ponce de León; que todas las propiedades erigidas sobre esas tierras fueron costeadas con fondos públicos en un momento en que no existía separación entre Iglesia y Estado; que las órdenes de los franciscanos y dominicos fueron eliminadas en España en 1838 y sus propiedades en Puerto Rico cedidas al Gobierno de la Isla, entidad que se encargó de sustentarlas desde esa fecha; que una vez se instauró un gobierno separado de la Iglesia y por virtud del Tratado de París, esos patrimonios quedaron del lado gubernamental; que el resto de los bienes los obtuvo la Iglesia producto de diezmos, testamentos y ‘regalos’ de ciudadanos de Puerto Rico que intentaban evitar los infiernos a cambio de cuantiosos pagos a sacerdotes y obispos.

A pesar de que la Iglesia Católica no pudo demostrar que en efecto tenía legimitidad sobre las propiedades reclamadas, que no presentó prueba alguna sobre la existencia de título a su favor que haya emanado de la soberanía del país, el 15 de diciembre de 1906, los tres jueces puertorriqueños que componían el Tribunal Supremo de Puerto Rico (Jose S. Quiñones, Jose C. Hernández y Jose Ma. Figueras- los tres fervientes católicos) emitieron una sentencia que condenó al Gobierno de la Isla a devolver una buena cantidad de las propiedades y a pagarle a la Iglesia el equivalente a la renta mensual de las mismas contando a partir de octubre de 1898, más un seis por ciento anual por concepto de intereses. Esta decisión colocó sobre los hombros del pueblo un pago de $19,764.23. La sentencia contó con el fuerte voto disidente de los dos jueces estadounidenses James Mcleary y Adolph Wolf, lo que puso de manifiesto que la decisión se basó más en las creencias religiosas de los jueces que en estrictas reglas de evidencia y leyes.

Dos años más tarde, muy cerca de elecciones presidenciales y cuando aún seguían en litigio propiedades como el Cuartel de Ballajá, la plaza del mercado de San Juan y el manicomio insular, el Gobierno de Estados Unidos accedió a las peticiones del obispo de Puerto Rico, William A. Jones, para llegar a acuerdos transaccionales fuera de los tribunales. Como representantes del Pueblo de Puerto Rico en esa comisión se designó al entonces ‘speaker’ de la Cámara de Delegados y devoto católico, Jose de Diego, y al Attorney General, Henry M. Hoyt. Ambos, y a nombre de todos los que habitamos esta Isla, le devolvieron a la Iglesia sin chistar los sesenta acres de tierras en Santurce y accedieron gustosamente a pagarle a los sacerdotes demandantes (directamente a sus bolsillos) la astronómica cantidad de $180,000 provenientes de las arcas públicas por concepto de pagos y rentas sobre las propiedades que pasaron a manos del Gobierno. Por su parte, el Tesoro Federal acordó pagar otros $120,000.

Fue así que la Iglesia Católica se agenció más de $319,764.23 por unas propiedades que no le pertenecían (hoy serían un poco más de $ 9 millones) y fue así tambien cómo la Iglesia abrió sus inescrutados libros y permitió que hoy conocieramos los orígenes no tan píos de sus riquezas.

Es cierto que ninguna de las propiedades en litigio era el Seminario Conciliar San Idelfonso, hoy sede en jaque del Centro de Estudios Avanzados. Pero las preguntas son las mismas que en 1906 y 1908, ¿cómo la Iglesia obtuvo la titularidad de esas tierras? ¿pagó el precio justo por ellas o tambien se las ‘cedieron’? ¿La Iglesia pagó de su propio pecunio por la construcción de la estructura o fueron dineros provenientes del Teatro Municipal y por lo tanto del tesoro público? ¿Tiene la Iglesia el título de propiedad sobre esas tierras o se le extravió junto con el de Ponce de León? Si en efecto los tiene. Si en efecto pagó el justo precio por las tierras y por la estructura. Si resultara que todo es legal entonces la pregunta es ¿es moral?

Esperamos por el final de la obra… ojalá siga pareciendose al Tartufo.

* La autora es catedrática asociada en el Departamento de Humanidades

de la Universidad de Puerto Rico recinto de Bayamón. Se licenció en Historia del Arte en la

Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, y años más tarde se doctoró en Historia de

Puerto Rico y el Caribe en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en

San Juan, Puerto Rico.