La propiedad millonaria que la fiscalía federal dejó en manos del convicto por corrupción se mercadeaba a través de plataformas como Airbnb, pero los vecinos se estaban volviendo locos con el escándalo.

El municipio de Aguadilla emitió recientemente un cese y desista contra el convicto federal por corrupción, Anaudi Javier Hernández Pérez, que le prohíbe realizar ninguna actividad en la mansión de Playuela que la fiscalía federal le permitió retener cuando se declaró culpable y que el hombre mercadeaba bajo el nombre de Casa Herdz para vacaciones de lujo.

El palacete con dos cocinas externas, cine privado, siete cuartos, ocho baños completos y dos baños parciales en 9,000 pies cuadrados de interiores, estuvo a la venta por $4.2 millones.

Según el abogado de Hernández Pérez, Osvaldo Carlo Linares, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico había optado por dejar que el convicto siguiera mercadeando la propiedad para que generara ingresos y mantuviera valor, en vez de confiscarla de inmediato y que se convierta en una propiedad que pierde valor y le cuesta al gobierno mantener.

A través de su propio portal de internet, Casa Herdz mercadea una estadía mínima de cinco noches a $1,500 por noche, para un costo mínimo de $7,500. Se indica que tiene cabida para hasta 16 personas. Hay paquetes para bodas y la opción de contratar a un chef privado. En 2018, una pareja denunció que Casa Herdz los había defraudado por $17,000 con una estadía de bodas que no pudieron realizar por los huracanes de 2017 y no se les restituyó el pago.

Ahora, el municipio de Aguadilla recibió una querella de parte de un vecino llamado James P. Connor porque la «propiedad de vivienda unifamiliar de referencia es operada comercialmente como hospedería y salón de actividades, eventos y recepciones, sin los permisos ni la infraestructura requerida para dicho uso». Eso se ha traducido, añadió, a descarga ilegal de aguas usadas al mar por desborde de su pozo séptico, por lo que Connor también sometió querellas a la Junta de Calidad Ambiental y a la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA).

La querella indica que la operación turística de la propiedad genera «ruidos innecesarios» que incluyen «explosiones por fuegos artificiales, gritería, pirotecnia, música a volumen insorportable y estridente producida por bandas de músico… o por la contratación de un disck jockey durante todo el día, noche y hasta altas horas de la madrugada».

Además, las «molestias innecesarias y desagradables» abarcan también «tráfico en exceso en dicha área residencial, incluyendo la entrada y salida constante de camiones de servicio, la obstrucción de la calle Ibiza por los automóviles de los invitados estacionados y particularmente obstaculizando la entrada y salida a la entrada de mi hogar, haciéndonos rehenes en mi propio hogar mientras se realizan estos eventos y actividades, y la producción y acumulación de basura de gran volumen resultante de los eventos multitudinarios y que los invitados a dichos eventos dejan frente a mi residencia y en la vía pública ya que su propiedad no cuenta con las facilidades ni la capacidad para almacenar sin poner en riesgo la salud la enorme cantidad de desperdicios generados».

Connor añadió que han construido un balcón voladizo («deck») que invade su propiedad. La carta de cese y desista del ingeniero José Ruiz Concepción, del municipio de Aguadilla, tiene fecha del 25 de mayo.

Aunque estuvo listada para la venta, los documentos del municipio de Aguadilla y otro caso judicial reciente dan cuenta de que todavía está bajo el control de Hernández Pérez. La exjefa de fiscales, Rosa Emilia Rodríguez, estuvo prometiendo que la cooperación de Hernández Pérez generaría más acusaciones, pero eso no ha sucedido hasta ahora y el convicto lleva unos siete años en espera de sentencia.

Localizada al lado de la playa Crash Boat, en su momento la casa fue escenario de múltiples actividades de recaudación de fondos para candidatos del Partido Popular Democrático (PPD).

En una demanda sometida apenas en marzo pasado, se imputa a Hernández Pérez, a su esposa, Verónica Ponce Peña y a Casa Herdz como entidad jurídica el causar daño al incumplir un contrato para una transacción de compraventa de otra propiedad del matrimonio en Aguadilla por $195,000.

Vea:

A la venta palacete de Anaudi Hernández en Aguadilla (galería y documento)