Pese al impacto ambiental.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este miercoles dos decretos destinados a acelerar la aprobación de oleoductos y otras infraestructuras para el petróleo y el gas, al dificultar la intervención de los estados cuando haya preocupaciones sobre el posible impacto medioambiental de esos proyectos.

Durante una visita a Houston (Texas), Trump prometió que sus medidas ‘acelerarán drásticamente la aprobación de los proyectos de infraestructura’ energetica.

‘En este Gobierno, hemos puesto fin a la guerra a la energía estadounidense’, dijo Trump en referencia a sus medidas para potenciar los combustibles fósiles, que le han llevado a retirar EE.UU. del Acuerdo de París sobre el clima y a eliminar numerosas regulaciones para la protección del medioambiente.

Los decretos que firmó hoy buscan contentar a la industria del petróleo y el gas, que se han quejado de que las revisiones sobre el impacto medioambiental de sus proyectos y las demandas judiciales destinadas a frenarlos han ralentizado sus planes de aumentar la producción de esas fuentes de energía.

La primera de esas medidas insta a la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, en ingles) a ‘revisar y actualizar’ las directrices que el Gobierno envía a los estados para la implementación de la Ley de Aguas Limpias de 1972.

Esa ley determina que quienes quieran construir un proyecto energetico deben obtener una certificación del estado por el que pase antes de seguir adelante con el, y la Casa Blanca argumenta que una interpretación ‘anticuada’ de la legislación ha llevado a territorios como Nueva York y Washington a paralizar proyectos.

Según grupos progresistas y de defensa del medioambiente, cualquier intento de la EPA de coartar el derecho de los estados a detener la construcción de esos proyectos infringiría la ley de 1972, que el Tribunal Supremo ha respaldado en dos ocasiones.

La segunda orden ejecutiva de Trump establece que a partir de ahora será el presidente de EE.UU., y no el secretario de Estado, el responsable de tomar la decisión acerca de proyectos energeticos que atraviesen una frontera internacional, como es el caso del oleoducto Keystone XL, un proyecto de Canadá.

Tras años de retrasos y demandas judiciales, Trump concedió el mes pasado un nuevo permiso para que la empresa canadiense TransCanada construya la porción de su oleoducto que va de la provincia canadiense de Alberta al estado de Nebraska (EE.UU.).

Pero grupos medioambientales presentaron este mes una nueva demanda judicial en la que argumentan que Trump no tiene el poder legal para otorgar ese permiso y que debería ser el Congreso quien lo haga, por lo que el segundo decreto del presidente parece ser un intento de subrayar su autoridad para imponerse en las cortes.