Un juez federal de Los Ángeles declaró este miercoles inconstitucional la pena de muerte en el estado de California y afirmó que los grandes e impredecibles retrasos hacen que factores arbitrarios determinen la ejecución de un reo.

‘La administración disfuncional del sistema de pena de muerte en California’ ha originado retrasos ‘impredecibles y desmesurados’ en las ejecuciones, escribió el juez Cormac Carney en su sentencia.

Esos aplazamientos hacen que la pena capital se aplique solo en unos cuantos casos, según el magistrado, quien consideró que las sentencias a pena de muerte se han convertido, en última instancia, en condenas a cadena perpetua ‘con la posibilidad remota de muerte’.

‘Factores arbitrarios, en lugar de legítimos, como la naturaleza del crimen o la fecha de la sentencia a muerte, determinan el que un individuo sea de hecho ejecutado’, dictaminó el magistrado.

Con el fallo de hoy, el juez anula la pena capital de Ernest Dewayne Jones, condenado el 7 de abril de 1995 por la violación y muerte de una contable de 50 años.

California ha condenado a muerte a más de 900 presos desde 1978 pero solo 13 de ellos han sido ejecutados.

‘El permitir que este sistema continúe amenazando al señor Jones con la ligera posibilidad de muerte, casi una generación después de su sentencia, viola la prohibición de la Octava Enmienda de la Constitución que prohíbe castigos crueles o inusuales’, escribió el magistrado.

La decisión de Carney puede ser apelada en el 9 Tribunal del Circuito de Apelaciones de EE.UU., con sede en la ciudad de San Francisco (California).

El fallo llega después de que otro juez de California determinase que el sistema de inyecciones letales necesita ser revisado porque existe un alto riesgo de que un reo experimente un dolor extremo durante la ejecución.

Las inyecciones letales han sido objeto de fuertes críticas en los últimos meses tras las complicaciones registradas en la ejecución de un reo en Oklahoma que murió de un ataque cardíaco más de 40 minutos después de recibir la inyección mortal.

El incidente hizo que el presidente de EEUU, Barack Obama, ordenase el pasado 2 de mayo al fiscal general, Eric Holder, un ‘análisis’ amplio de la pena de muerte.