Irlanda del Norte celebra mañana el 15 aniversario de la firma del acuerdo de paz del Viernes Santo, que puso fin a más de 30 años de violencia entre católicos y protestantes, pero cuyas heridas aún siguen abiertas.

Aquel pacto, fruto de las intensas negociaciones entre los partidos de la provincia británica y la mediación de Londres, Dublín y Washington, ha generado desde entonces importantes beneficios económicos y sociales para su población, y es expuesto a menudo como un ejemplo para la resolución de otros conflictos.

Irlanda del Norte es hoy un lugar muy diferente al campo de batalla donde 3.529 personas murieron entre 1969 y 1998, la mayoría a manos del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA) en su lucha con los grupos terroristas protestantes y las fuerzas de seguridad.

Los principios básicos del acuerdo siguen vigentes y, a pesar de la lentitud que ha marcado su aplicación, la región tiene un gobierno estable de poder compartido entre los unionistas partidarios de permanecer en el Reino Unido y los nacionalistas que continúan persiguiendo, ahora por medios democráticos, la unificación de la isla de Irlanda.

No obstante, el éxito absoluto del proceso de paz es rebatido por aquellos que trabajan sobre el terreno con los sectores más desfavorecidos, cuyos enfrentamientos afloran de vez en cuando y demuestran que parte de la sociedad norirlandesa está aún profundamente dividida.

Un claro ejemplo son las llamadas ‘líneas de paz’, los muros que separan algunas barriadas católicas y protestantes, que la mayoría de la ciudadanía todavía considera necesarias.

El Belfast Interface Project trabaja para acabar con estos infames hitos urbanísticos característicos de la provincia, donde se estima que todavía hay 88 ‘líneas de paz’, la mayoría de ellas en la capital norirlandesa.

‘Si escuchan a las comunidades más desfavorecidas de hace 20 años y escuchan a las comunidades más desfavorecidas de ahora, se darán cuenta de que son las mismas y muchas de ellas viven en estas zonas’, asegura a Efe Chris O’Halloran, activista del Belfast Interface Project.

O’Halloran trabaja sobre todo con jóvenes en riesgo de ‘implicarse en violencia sectaria’, a los que el mismo sistema educativo mantiene segregados a pesar de que cerca del 80 % de los norirlandeses, según un estudio reciente, quiere escuelas mixtas.

La realidad es que solo el 7 % de los escolares asiste a centros integrados, un problema que no solo afecta a las clases más humildes sino a las medias y altas también, cuyos integrantes solo llegan realmente a mezclarse con ‘los otros’ cuando van a la universidad o al trabajo.

Para este activista, el proceso de paz no ha adoptado un ‘enfoque concertado’ para atajar ‘estas desventajas’ y avanzar hacia la construcción de ‘una sociedad compartida’, un asunto ‘de identidad’ peliagudo ‘sobre el que los políticos no se ponen de acuerdo’.

La clase política ha perdido gas y atrevimiento, argumenta Anne Cadwallader, periodista en Belfast durante gran parte del conflicto e implicada ahora con el equipo del Pat Finucane Centre, que promueve la defensa de los derechos humanos en Irlanda del Norte.

En su opinión, a los políticos les falta el coraje que mostraron hace 15 años para acercar posiciones y dar pasos impensables hasta entonces a fin de lograr el ansiado acuerdo de paz.

Después, señala Cadwallader, no han sido capaces, por ejemplo, de establecer una ‘comisión de la verdad’ que examine la implicación de todas las partes, desde la llamada ‘Guerra Sucia’ perpetrada por Londres hasta las atrocidades de paramilitares de ambos signos.

Ahora, lamenta, la gente sigue dividida porque los políticos no pueden siquiera ‘llegar a un acuerdo para definir quiénes son las víctimas del conflicto’, porque no están dispuestos a ‘contar la verdad’, ni el mayoritario Partido Democrático Unionista (DUP) ni el Sinn Fein, antiguo brazo político del IRA.

‘El Sinn Fein quiere proteger la reputación del IRA y el DUP la de las fuerzas de seguridad. Están tratando de engordar su base electoral en lugar de mirar al futuro, como hicieron hace 15 años’, afirma la activista.