El portavoz popular sostuvo que la creación de un mecanismo independiente buscó precisamente evitar que los aumentos salariales quedaran sujetos a la voluntad del partido de turno.
Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago y Domingo Torres García. (Juan R. Costa/NotiCel)
Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago y Domingo Torres García, denunciaron hoy que el Proyecto de la Cámara 1115 eliminará la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo y busca que sea la Asamblea Legislativa la que lo determine.
Ambos representantes emplazaron a la gobernadora Jenniffer González y a la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, María del Pilar Vélez Casanova, a realizar esfuerzos para detener el Proyecto de la Cámara 1115.
“Esto es un proyecto, que ha sido presentado en la Asamblea Legislativa, busca que el salario mínimo en Puerto Rico regrese a la Asamblea Legislativa para que sea ella, teniendo en mente los cálculos políticos, la que decida cuál será el salario mínimo de Puerto Rico. No sería una comisión de expertos y economistas la que establezca con datos y evidencia cuál debe ser el salario mínimo en Puerto Rico”, expresó Ferrer Santiago.
“El proyecto 1115 elimina la Comisión Evaluadora y pretende que la Asamblea Legislativa, cada cuatro años, examine si se justifica establecer un salario mínimo”, agregó.
El portavoz popular sostuvo que la creación de un mecanismo independiente buscó precisamente evitar que los aumentos salariales quedaran sujetos a la voluntad del partido de turno, garantizando un proceso responsable y fundamentado en evidencia económica.
“Cuando se trata del salario mínimo, no se puede jugar a la política. Estamos hablando del sustento de miles de trabajadores y del futuro de nuestra juventud. Por eso exigimos que la gobernadora y la secretaria del Trabajo que detengan esa medida”, expresó Ferrer Santiago.
“El último aumento, antes de que se creara la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, fue en 2009. Y no fue porque la Asamblea Legislativa lo estableciera, fue porque el gobierno federal así lo determinó”, indicó.
Por su parte, Torres García advirtió que el silencio del Ejecutivo y la Secretaria del Trabajo genera incertidumbre en momentos en que el costo de vida continúa afectando a miles de familias trabajadoras.
“El país merece saber de qué lado está el gobierno. Guardar silencio ante un intento de debilitar la revisión del salario mínimo es, en la práctica, permitir que se le falle a nuestra gente trabajadora. Aquí no caben ambigüedades”, sostuvo el portavoz alterno.
“Puerto Rico necesita decisiones responsables, con visión de futuro y enfocadas en proteger a quienes trabajan. El salario mínimo no es un juego político”, concluyeron.
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