Hace un año, resonó el caso de una turista estadounidense de 56 años quien falleció tras caer de un ‘zipline’ o tirolesa ubicado en la Hacienda Campo Rico en Carolina. En aquella ocasión, el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) asumió jurisdicción del caso para investigar la causa del incidente en el cual Marcha Boekeloo perdió la vida.

El encargado del caso, sargento Gabriel López, confirmó que este caso sigue abierto en espera de análisis periciales. El largo proceso forma parte de la propia investigación, afirmó el oficial, quien se mantuvo al margen de entrar en detalles sobre los análisis que quedan por verificar.

‘De surgir que hubo mano criminal o algo, lo va a confirmar la investigación y los análisis de los equipos. Pero por el momento se sigue trabajando como un incidente desgraciado. La investigación continúa’, comentó López. Esto a pesar de que en el pasado ya se había descartado mano criminal, no así la negligencia.

Por otro lado, en noviembre del 2015, dos empleados del Parque Toro Verde en Orocovis resultaron heridos tras la ruptura de un cable de metal que les provocó laceraciones en el cuerpo – se encontraban en suelo firme -. En esa ocasión, se trataba de un área fuera del alcance del público donde los empleados realizaban pruebas de presión a uno de los cables.

La muerte de la empleada del ‘zipline’ de las Cavernas del Río Camuy, quien cayó al vacío el domingo tras presuntamente perder el equilibrio, avivó nuevamente el debate sobre si las instalaciones donde se practican deportes extremos deben recibir mayor regulación y supervisión por parte del Gobierno.

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP),Urayoán Hernández, emitió un comunicado en que responsabilizóal secretario de Recreación y Deportes, Ramón Orta, del incidente, debido a ‘la falta de supervisión’ gubernamental en dichas instalaciones de deportes extremos.

‘Desde el 2014, hemos insistido que el Departamento de Recreación y Deportesadopte la responsabilidad de reglamentar la operación e instalación y entrenamiento de equipos para practicar deportes extremos o que al menos impliquen cierta dosis de exigencia física, incluyendo los populares ziplines. Lamentablemente esto no se ha hecho, pese a que han muerto varias personas en parques con estas atracciones. En Puerto Rico, para sorpresa de muchos, no existe ningún ente del Estado que regule la práctica de los ziplines o los otros deportes extremos’, expresó Hernández en declaraciones escritas.

El proyecto de la Cámara 2149, que pretendía enmendar la Ley del Cuerpo de Bomberos para añadirle ‘la responsabilidad de reglamentar lo concerniente a la operación e instalación de equipos para practicar deportes extremos’ recibió un informe negativoluego de que Bomberos se declarara carente de capacidad para reglamentar dicha industria debido a que su función estriba en combatir incendios.

Es por eso que en el 2015, Hernández sometió a través de la Comisión de Agricultura el proyecto de la Cámara 2725, que asignaba al DRD a través de su Comisión de Seguridad en la Recreación y el Deporte, la responsabilidad de supervisar las operaciones de los ‘ziplines’.

En aquella ocasión, el secretario Ortase mostró dispuesto a asumir la responsabilidad aunque se negó aentrar en aguas profundas sobre el alcance que podía tener su participación en la regulación de la industria.