Las nuevas leyes atienden áreas como contratación de cuidadores, inspección de instituciones, equidad deportiva para mujeres, designaciones conmemorativas y procesos judiciales para la protección de personas de edad avanzada.
La gobernadora Jenniffer González Colón informó el lunes, que firmó una serie de medidas dirigidas a ampliar protecciones, supervisión y servicios para los adultos mayores y para quienes brindan cuidado informal en Puerto Rico, en momentos en que esta población continúa en crecimiento acelerado.
“Puerto Rico enfrenta una transformación demográfica sin precedentes. Nuestro deber es garantizar que nuestros adultos mayores vivan con dignidad, seguridad y apoyo”, expresó la mandataria en declaraciones escritas.
Las nuevas leyes atienden áreas como contratación de cuidadores, inspección de instituciones, equidad deportiva para mujeres, designaciones conmemorativas y procesos judiciales para la protección de personas de edad avanzada.
Entre las medidas firmadas figura la que reconoce a los cuidadores informales como primera alternativa de contratación cuando entidades públicas asignen fondos para el cuidado de un adulto mayor. La disposición surge ante el alza en la demanda de servicios y la dependencia creciente en familiares que, en muchos casos, abandonan empleos sin compensación.
Otra legislación refuerza el proceso de inspección y preparación de las instituciones que sirven a adultos mayores, al exigir cumplimiento regulatorio más estricto, sistemas de energía alterna certificados, agua potable garantizada y planes de emergencia antes de la temporada de huracanes.
También se creó el Programa de Promoción del Deporte Femenino dentro del Departamento de Recreación y Deportes, iniciativa que busca fomentar la participación de mujeres en el deporte y atender brechas persistentes en acceso y recursos.
Asimismo, fue aprobada la designación de la carretera PR-853 en Carolina como “Don Jaime Fernández Morales”, en reconocimiento al servidor público que dedicó décadas al municipio desde su labor en Obras Públicas y al trabajo comunitario que encabezó en el barrio Barrazas.
A estas medidas se suma un ajuste a la política pública del cuidado informal mediante la expansión de la Ley 82-2023, ahora armonizada con la legislación federal RAISE. El cambio amplía programas de apoyo, adiestramiento y registro de cuidadores, e integra recomendaciones de la Administración para la Vida Comunitaria del Departamento federal de Salud.
Finalmente, la gobernadora firmó una enmienda a la Carta de Derechos de los Adultos Mayores que autoriza a jueces municipales a ordenar el nombramiento de un tutor temporal cuando la salud, seguridad o patrimonio de un adulto mayor esté en riesgo. La medida responde al aumento de casos que requieren intervención inmediata por condiciones degenerativas, accidentes o limitaciones cognitivas.
Estas acciones, según la gobernadora, buscan fortalecer el sistema de apoyo a una población que ya representa más de una cuarta parte del país, al tiempo que reconoce el rol esencial de quienes asumen la responsabilidad del cuidado diario.
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