Sin embargo, el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico salió en defensa y pidió con carácter de urgencia a garantizar «los servicios sociales se brinden de manera continua, ética y humana».

El silencio de la secretaria del Departamento de la Familia (DF), Suzanne Roig Fuertes, continúa ante los reclamos de trabajadores sociales de la región de Humacao, quienes denunciaron a NotiCel que la carga laboral ya llegó a su límite.

Este diario digital intentó obtener expresiones de Roig Fuertes, sin embargo, al momento de esta publicación, no envió y tampoco estuvo disponible para dar declaraciones. 

En cambio, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR), salió en defensa ante las denuncias y solicitaron en declaraciones escritas que se tome acción de inmediato para garantizar los servicios a la ciudadanía, pero, sobre todo, a cuidar la salud emocional de los profesionales empleados. 

“Actualmente, la escasez de estos profesionales en algunas regiones —como ocurre en Humacao— tiene consecuencias directas sobre la calidad y continuidad de los servicios, al mismo tiempo que impacta la salud emocional y física de los propios profesionales del trabajo social, quienes enfrentan cargas de trabajo insostenibles y condiciones laborales inadecuadas”, declararon. 

“El CPTSPR hace un llamado urgente a las autoridades competentes a asumir su responsabilidad y garantizar los medios para que los servicios sociales se brinden de manera continua, ética y humana. Asegurar los derechos de las personas requiere fortalecer la labor de quienes los defienden desde el trabajo social”, reclamaron. 

Historia relacionada: Denuncian carga excesiva de labores para trabajadores sociales en región de Humacao

Entre las denuncias publicadas en este diario digital se publicó que la región de Humacao solo cuenta con tan solo cinco trabajadoras sociales que hacen -literalmente- de tripas corazones, para lograr resolver el cúmulo de referidos por abuso y/o negligencia de menores y adultos mayores.

De esas cinco profesionales, se quedaron tres dando la batalla ya que una de ellas está fuera por enfermedad y a la otra se le tuvo que adelantar sus vacaciones porque el cuadro emocional y mental en el que se encontraba iba en detrimento. 

Cada una tiene entre 20 casos aproximadamente acumulados, sin contar que se le añaden nuevos referidos semanalmente.  

Además, denunciaron que han tenido que correr el rol de ama de llave en el albergue del DF, así como estirar el poco “petty cash” que se le da mensualmente para que toda la región pueda incurrir en gastos cuando se remueve una vida de su hogar. 

“Garantizar los servicios sociales no es un favor del Estado, es una obligación derivada de los derechos humanos. Sin personal suficiente ni condiciones adecuadas, esos derechos se vulneran”, puntualizó Lydael M. Vega Otero, presidenta del CPTSPR.