El proceso para llegar a una nueva tarifa eléctrica básica sigue su marcha, a la vez que se pide más oportunidad de expresión para los ciudadanos.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dejó de someter al Negociado de Energía (NE) unas “áreas de preocupación” que tiene sobre el proceso de revisión de la tarifa eléctrica y tampoco presento los argumentos para sostener su solicitud presupuestaria.

La conducta de la corporación pública provocó la imposición de una multa por $25,000 y una advertencia de que sus preocupaciones ya no serán tomadas en cuenta.

Este es el desarrollo más reciente en esa revisión que cuenta también con una petición para que se provea más oportunidades de participación ciudadana y con una decisión del regulador para extender hasta el 16 de abril la fecha límite para producir su orden final sobre cuál va a ser el aumento en la tarifa.

El NE ha realizado cuatro vistas públicas sobre la revisión y los ciudadanos tienen hasta el 6 de marzo para enviar comentarios al correo electrónico comentarios@jrsp.pr.gov, o a la dirección postal Negociado de Energía, World Plaza Building, 268 Avenida Muñoz Rivera, nivel Plaza, Suite 202, San Juan, PR 00918, con el titulo “Public Comments on PREPA’s Rate Case — Case No. NEPR-AP-2023-00203”.

“Ampliar los lugares de las vistas y llevar a cabo una sólida campaña de divulgación pública en toda la isla son esenciales para facilitar que las comunidades afectadas tengan una oportunidad justa y razonable de participar en este proceso”, dijo un grupo de organizaciones comunitarias en su petición al resaltar que las vistas realizadas hasta ahora no han sido en regiones donde están los abonados más pobres y afectados por las fallas del sistema y al observar que el NE no ha llevado a cabo una campaña para alertar sobre este proceso.

Mientras está pendiente esta solicitud, las partes que están reconocidas como interventores formales ya han hecho planteamientos sobre los requerimientos presupuestarios que son la base para determinar cuánto va a aumentar la tarifa básica.

Las organizaciones pro energía renovable Solar United Neighbors (SUN) y Solar and Energy Storage Association (SESA) advirtieron que las peticiones de fondos de la AEE y los operadores privados LUMA Energy y Genera PR podrían elevar el cargo fijo básico mensual de $4 a $40.29. LUMA reacciono a esto sin negarlo completamente, ya que solo subrayaron que su petición de fondos “refleja los costos que actualmente incurrimos” y que “cualquier otro cargo mencionado públicamente, incluyendo obligaciones heredadas, pensiones, subsidios y cargos para (el uso de energía por los municipios), no son parte de la propuesta de LUMA”.

Esto es en referencia a que la tarifa básica es solo un componente de la factura final que llega al cliente y al que se le suman otras cifras, como combustible y compra de energía. LUMA también anticipo al negociado que va a revisar su Requisito de Ingresos Anual “para incluir costos por litigios colectivos tras la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que invalidó su exención de responsabilidad” y para obtener una reserva, o margen, de $178 millones con los que responder por el pago de duda a los bonistas de la AEE.

Sobre ese pago, el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados de la AEE pidió al negociado que no lo incluya ahora esa “Deuda Heredada” o que, si la incluye, lo haga de una manera que contemple las cantidades que ellos todavía están peleando en el caso de quiebra de la AEE.

Otro participante de la quiebra de la AEE, el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE, pidió al negociado que mantenga el pago de pensiones dentro de la tarifa porque “la evidencia disponible confirma que los ingresos generados a través de las tarifas eléctricas representan la única fuente viable y recurrente para atender estas obligaciones en el largo plazo, al igual que ocurre con otros gastos operacionales esenciales”.

Por su parte, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) enumero deficiencias de las peticiones presupuestarias que pueden afectar a los abonados.

Entre estas, que no todas las inversiones en la red eléctrica cumplen “con los estándares legales y regulatorios para ser impuesta a los consumidores”; que LUMA “agrupó indebidamente” costos relacionados a energía renovable que no permiten su evaluación correcta y que provocarían que costos de interconexión sean cobrados de los abonados, en vez de los proponentes de los proyectos; que LUMA “subestimó dramáticamente” los ingresos que podrían tener si cobraran correctamente tarifas a todas las empresas privadas que usan sus postes; y que LUMA se ha negado a poner en dólares y centavos todo lo que supuestamente pueden producir sus “eficiencias operacionales”.

En cuanto a Genera, esta pidió al NE que le provean un mecanismo de financiamiento para el pareo que necesitan los proyectos de generación sufragados con fondos federales. También, que el regulador haga una determinación formal de que las “preocupaciones de conflictos de interés potenciales” que hay con ellos debido a que su matriz, New Fortress Energy, es la misma que vende el gas metano a la isla, están “estructuralmente mitigadas y no ameritan tratamiento adverso en la tarifa”.

Vea:

Ciudadanos cuestionan la revisión tarifaria de la energía