A pesar de que en una vista pública se destacó que estos profesionales visitan lugares de alta incidencia criminal, exponiendo su vida y su seguridad.

La Administración de Sistemas de Retiro no avaló una medida que busca que trabajadores sociales del Departamento de la Familia (DF) sean clasificados como servidores públicos de alto riesgo al argumentar que el proyecto de ley no cuenta con estadísticas o estudios que fundamenten el fin que persigue y demuestra que se trate de una profesión de alto riesgo.

La dependencia resaltó, además, que desconocen si existen estadísticas que reflejan el número de trabajadores sociales y bajo qué circunstancias han sufrido accidentes o han fallecido a consecuencia de sus funciones de trabajo y a qué respectivas edades han sufrido dichos accidentes o lesiones.

También argumentaron en su ponencia que no se ha ofrecido explicación de cómo el retiro temprano (58 años) de estos profesionales afectaría, si de alguna forma, la prestación de los servicios que ofrecen a la ciudadanía.

Miembros de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara, que evalúan el Proyecto de la Cámara 972, recibieron estos argumentos como una falta de respeto.

La pieza legislativa del representante Denis Márquez Lebrón, presentada en el 2021, busca que los trabajadores sociales sean parte de la categoría de alto riesgo por la exposición peligrosa que se enfrentan en función de sus labores cuando van a investigar casos de maltrato a menores y/o adultos mayores.

Según el representante, ha dialogado con varios trabajadores sociales que alegan que son amenazados, ofendidos y perseguidos, lo que ponen en riesgo tanto su vida como la de sus familiares.

“La posición de la Junta de Retiro me parece una barbaridad por no decir que es una irresponsabilidad, porque decir que la Junta no cuenta con el peritaje para identificar cuál grupo de servidores públicos deben ser considerados alto riesgo…”, expresó el representante Márquez Lebrón en vista pública.

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Los servidores públicos que se denominan de alto riesgo son actualmente: el Negociado de la Policía, el Cuerpo de Bomberos, el Cuerpo de los Oficiales de Custodia y el Cuerpo de Superintendentes de Instituciones Correccionales.

La Junta de Retiro también había expresado que añadir a los trabajadores sociales como servidores de alto riesgo, se implicaría un impacto económico inmediatamente de la partida presupuestaria destinada para el pago de las pensiones, así como en el presupuesto operacional del Departamento de la Familia.

La Administración de Sistemas de Retiro presentó su postura sobre la medida en octubre del 2021 y su director ejecutivo, Luis Collazo, indicó a NotiCel que la dependencia no fue citada a la vista.

El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico que agrupa 7,000 profesionales de trabajo social, destacó que es necesario reconocer el riesgo que se exponen estos profesionales que provienen de condiciones laborales que les ponen en peligro y les imposibilita cumplir con sus funciones con calidad y en seguridad.

Recalcaron que es imperativo que se les asegure lugares de trabajo libres de abuso y saludable, ya que los riesgos no solo vienen por escenarios laborales precarios, sobrecarga laboral, falta de recursos de apoyo y de acompañamiento, ausencia de apoyo de las agencias y altos niveles de estrés.

El Colegió sugirió también a la Comisión que en el proyecto se establezca explícitamente a los trabajadores sociales que laboran específicamente con la población de adultos mayores y menores, siendo estos el grupo poblacional de mayor crecimiento demográfico para trabajar.

También recomendaron que no solo los trabajadores sociales sean añadidos como servidores de alto riesgo, sino que también puedan ser incluidos empleados del Departamento de Justicia y otras agencias que se exponen a riesgos similares.

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En la vista pública, el Departamento de la Familia (DF) favoreció la medida pero añadió a la discusión que, aunque los trabajadores sociales de la agencia están en riesgo y avalan las intenciones de la medida, los trabajadores sociales siempre van acompañados a las visitas de hogares que están bajo investigación.

“De acuerdo con la pregunta de que, si nuestros compañeros trabajadores sociales van solos, muchas de las veces procuramos que, aunque estén solos, algún supervisor o algún chófer asista en el proceso…”, explicó Josué Pérez en representación del DF.

Mientras, Márquez Lebrón desmintió dichas expresiones.

“Yo estuve reunido aquí con ocho trabajadoras sociales del Departamento de la Familia de la unidad de investigación y básicamente luego de dos horas de reunión, la conclusión es que esto es un cuento de terror. Las condiciones laborales, el salario, los estorbos donde tienen que trabajar y obviamente los salarios, las clasificaciones… puedo estar el día entero mencionando ejemplos”, destacó el representante.

“Son de alto riesgo porque no tienen el apoyo necesario, habría algunas instancias donde el riesgo disminuiría si estuviesen acompañadas y/o apoyadas por los que tienen peritaje en el riesgo, entiéndase la Policía…estoy convencido de que son de alto riesgo y, por cierto, ninguna va con chófer, ninguna. Van en sus propios vehículos, exponiendo su vehículo privado…”, continuó.

El Departamento de Seguridad Pública (DSP), también sometió comentarios a la comisión confirmando las expresiones de Márquez Lebrón de que los trabajadores sociales tienen la difícil tarea de remover menores de sus hogares en los casos de maltrato, muchas veces realizando esta labor en lugares de alta incidencia criminal, exponiendo su vida y su seguridad.

También añadieron que esta labor muchas veces se realiza sin escolta del Negociado de la Policía, la cual solo brinda apoyo a los trabajadores sociales en casos especiales o cuando surge una emergencia.

El P de la C 972 está radicado desde el 2021.

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