El liderato del cuerpo legislativo incluyó el proyecto en el Calendario de Órdenes Especiales del día pero devolvieron la medida a comisión en medio de críticas de grupos interesados.

La medida legislativa que pretendía regular los alquileres a corto plazo y que recibió críticas por presuntamente ignorar el impacto al costo de la vivienda y el desplazamiento de comunidades, fue devuelto a comisión por el Senado luego de que se le introdujeran numerosas enmiendas en sala.

El senador Ramón Ruiz Nieves, actuando como portavoz, presentó la medida en sala y anunció las enmiendas incluidas. Luego se declaró un receso y el líder senatorial José Luis Dalmau, sin explicaciones, solicitó que la medida fuera devuelta a comisión después de llegar a un acuerdo con las demás delegaciones.

Tampoco hubo discusión de la medida en el hemiciclo.

El Proyecto de la Cámara 1557 estuvo bajo la jurisdicción de la senadora popular Ada García Montes, pero en ningún momento fue a vista pública. De hecho, el informe positivo que se adjunta a la medida solo incluye memoriales entregados a la Cámara y no incluyó una sola enmienda al Proyecto de la Cámara 1557 por parte de la comisión.

Las comunidades y organizaciones que levantaron su voz ante el proyecto solicitaron a García Montes a que convoque vistas públicas y escuche sus preocupaciones.

“Solicitamos que se nos dé la oportunidad en vistas públicas para nosotros esbozar nuestras realidades en cada comunidad porque son diversas. La problemática del Viejo San Juan se parece mucho a la de Somos Calle Loíza, así como la de los condominios, de todos estos tipos de sectores necesitamos que nos escuchen las recomendaciones porque nos va afectar a nosotros grandemente”, expresó Raquel T. Díaz Rosario, portavoz y líder comunitaria de Somos Calle Loíza a NotiCel.

La oficina de la senadora Ada García Montes confirmó a NotiCel que ya agendaron fecha para la primera vista pública y será el próximo 29 de abril. Sin embargo, nunca se explicó por qué no las convocó antes de firmar el informe positivo de la medida como presidenta de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura.

Estas comunidades presentaron sus preocupaciones el pasado 7 de marzo en un encuentro llamado: “Nos quedamos: Alternativas justas para regular los arrendamientos a corto plazo en Puerto Rico” y desde entonces han intentado detener la aprobación de la medida.

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El número de viviendas que son utilizadas para arrendamiento a corto plazo incrementó exponencialmente de 1,000 unidades en el 2014 a sobre 25,000 en el 2023.

Charlotte Gasset Navarro, directora principal de Hispanic Federation dijo a NotiCel que tienen varias sugerencias para modificar la medida legislativa.

“Tengo varias sugerencias…Los municipios también mantienen todo su derecho de poder añadir también otras regulaciones necesarias para responder a las distintas y diversas necesidades de los pueblos de Puerto Rico. También, queremos asegurar que se distingue entre esos operadores que quizás están alquilando un cuarto en su casa versus los que de verdad lo están operando como edificios, varias casas, más inversionistas”, contó.

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“El manifiesto que también hizo las comunidades es que también protejan áreas históricas de Puerto Rico, áreas agrícolas y de valor ecológico, que se haga esa distinción”, continuó.

Esta pieza legislativa es de los representantes populares José Rivera Madera y Joel Sánchez Ayala y fue radicada en noviembre del 2022.

«Nos sentimos muy felices de poder tener esta oportunidad de crear una legislación que de verdad responda a las necesidades y ahora que está ahí (en la comisión) esperamos no solo que la enmienden sino que abran a vistas públicas. Las comunidades han estado reclamando en todas a las oficinas de los distintos senadores», argumentó Gasset Navarro.

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Adjunto documento del manifiesto comunitario en torno a los alquileres a corto plazo